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Andalucía

PP y Cs siguen los pasos del PSOE con la Lomce y no aplicarán la ley estatal de vivienda

  • La consejera de Fomento anuncia su rechazo en una estrategia que los socialistas ya practicaron con la Lomce en la pasada legislatura

Juan Espadas, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, y Marifrán Carazo, en una imagen reciente.

Juan Espadas, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, y Marifrán Carazo, en una imagen reciente. / José Ángel García

En la Consejería de Fomento de la Junta no han sonado bien los primeros acordes el anuncio de la ley de vivienda del Gobierno central. La consejera Marifrán Carazo, del PP, ha anunciado este miércoles en comisión parlamentaria que no tiene intención de aplicar la norma cuando entre en vigor. Aunque todavía no se conoce el texto avanzado desde La Moncloa, sí se conocen varios detalles, como que parte de la aplicación de la norma estará en manos de las comunidades y los ayuntamientos. Por ese motivo, la titular de Fomento del Ejecutivo andaluz puede permitirse rechazar la aplicación de la norma en una práctica que no es nueva y que ya emplearon los gobiernos socialistas en Andalucía en legislaturas anteriores. 

Hay varios ejemplos de esta estrategia. Uno es el mantenimiento de las tasas universitarias durante la crisis financiera de la pasada década, cuando muchas comunidades subieron los precios para hacer frente a la caída de ingresos provocada por la coyuntura económica. Pero quizás es más paradigmático el tratamiento que el Gobierno andaluz de Susana Díaz dedicó a la Lomce, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, impulsada por el polémico ministro José Ignacio Wert. Como ocurre con los asuntos de vivienda, las competencias en educación están transferidas a las comunidades, por lo que el Ejecutivo socialista utilizó todo el margen de maniobra que tenía para limitar la aplicación de una norma efímera, ya que ha sido sustituida por la llamada ley Celaá o Lomloe. 

A finales de 2014, el entonces titular andaluz de Educación, Luciano Alonso, argumentó que no tenía tiempo para aplicar la norma en el curso 2015-2016. Poco después, su sucesora, Adelaida de la Calle, dijo que buscaría "dentro de legalidad" para que la enseñanza en Andalucía pudiera tener "su propia personalidad". Esta resistencia a aplicar al completo una norma estatal tenía un poso ideológico, pero también estratégico. Colocaba a Andalucía, como una ariete de oposición contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que entonces dirigía el país con mayoría absoluta y ante un PSOE debilitado que tenía en el Gobierno andaluz un oasis de poder institucional. 

Salvando las distancias, es lo mismo que intentará hacer Marifrán Carazo si es que la norma anunciada a bombo y platillo por el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos llega a aprobarse. El titular de Presidencia, Elías Bendodo, ya avanzó el martes en San Telmo que en la Junta está en contra del "intervencionismo" y que la apuesta de PP y Ciudadanos pasa por fomentar la construcción de viviendas para aumentar la oferta y que el mercado se autorregule. La titular de Fomento ha ido más allá y cree que la medida del Ejecutivo central supone una "cesión al comunismo". Además ha defendido que las intervenciones en el precio del alquiler acaban siendo contraproducentes y provocan la huida de inversores.

Carazo ha admitido que todavía no conoce el texto, pero no es la única representante del Gobierno andaluz que se ha pronunciado al respecto. El propio presidente Juanma Moreno ha defendido que "no se le puede decir al propietario lo que tiene que hacer", antes de insistir en la necesidad de ampliar la oferta y recordar que en países de la UE el control de los alquileres ha sido "contraproducente". "Nosotros somos liberales y con el intervencionismo estamos reñidos", ha zanjado. Su vicepresidente, Juan Marín, ha coincidido en la crítica al "intervencionismo" de la norma y ha asegurado también que no se aplicará, si bién ha admitido que en Ciudadanos están "a favor" de las ayudas al alquiler, pero matizado que su apuesta es la construcción de más viviendas. 

Por contra, PSOE y Unidas Podemos en Andalucía han sido críticos con la postura de la Junta. La socialista María Márquez ha afeado la "amenaza" del Ejecutivo regional de no aplicar la norma y ha defendido las bondades de la propuesta, como las rebajas fiscales a los propietarios que bajen el alquiler o el bono de 250 euros para jóvenes. También ha puesto el foco en la situación del mercado del alquiler de Málaga y Sevilla, dos ciudades con zonas "tensionadas" y donde sería posible aplicar la rebaja de alquileres a los grandes tenedores, que son los propietarios de más de 10 inmuebles. En el mismo sentido se ha pronunciado Inmaculada Nieto, portavoz de UP en la Cámara, que además ha criticado el "frentismo de brocha gorda" que, en su opinión, practica el PP utilizando de "ariete contra el Gobierno" al Ejecutivo andaluz y ha acusado a Marifrán Carazo de "no hacer nada" ante la subida del precio del alquiler en la comunidad. 

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