Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, recientemente fallecido, hizo hace unos años un alegato en contra de la transparencia entendida como una presunción de culpabilidad. Fue en uno de los actos conmemorativos del 40 aniversario del referéndum del 28-F ante una asamblea informal de parlamentarios andaluces a los que el letrado dedicó casi una reprimenda. “No podemos crear una civilización que parta de la asunción del pecado y de que toda persona política es sospechosa”, dijo Fernández-Viagas, que fue letrado de una Cámara que cuenta desde 2014 con una normativa de transparencia que ya es habitual en el corpus normativo español, pero que tiene su origen en países de tradición luterana o calvinista, donde, como recordó el jurista tangerino, “no existen las cortinas; no se ponían para que todo el mundo supiera que no había pecado, que todo estaba a la luz del sol”.

Esa falta de cortinas, en el ámbito parlamentario, permite a los ciudadanos conocer desde hace años cuánto cobran los diputados, qué IRPF pagan a Hacienda cada año y otros datos más llamativos. Por ejemplo, el consejero de Educación y diputado por Málaga, Javier Imbroda, tiene un Porsche Panamera valorado en 20.132 euros según la última declaración del impuesto del Patrimonio, correspondiente al año 2020. El que fuera seleccionador nacional de baloncesto es el más acaudalado de los 109 parlamentarios andaluces con mucha diferencia y cuenta con más de seis millones de euros en acciones en distintos bancos y fondos de inversión.

Imbroda es uno de los dos únicos diputados de la Cámara autonómica que debe declarar impuesto del Patrimonio. La otra es Esperanza Oña, compañera de circunscripción del consejero de Educación y Deporte, histórica parlamentaria del PP y vicepresidenta primera del Parlamento. En la pasada legislatura, la política malagueña tenía algo más de 940.000 euros en acciones relacionadas con Unicaja, según figura en la declaración del citado tributo correspondiente a 2017. En 2019 Oña diversificó su cartera de inversiones, pero la novedad llegó en 2020, según figura en la declaración del pasado ejercicio hecha pública en septiembre. El año que estalló la pandemia de Covid, Oña decidió sumar a las participaciones en fondos de inversión o aseguradoras un pequeño paquete de acciones de empresas médicas. Concretamente en Viatris, Pfizer y Moderna. En la primera apenas tiene 45 euros, mientras que en las dos empresas responsables de las vacunas de ARN para luchar contra el Covid-19 posee acciones por algo más de 800 euros.

Oña e Imbroda no son los únicos diputados que deambulan por el antiguo Hospital de las Cinco Llagas que andan pendientes de los valores. El diputado popular Juan Bueno, por ejemplo, tiene 3.400 euros en acciones de Amazon y 1.600 euros en participaciones de Microsoft, por lo que tiene intereses en algunas de las corporaciones tecnológicas más importantes del globo. Más local es la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, con más de 60.000 euros en acciones de BBVA, casi 24.000 euros en IAG, la empresa matriz de Iberia y British Airways, y 12.000 euros en títulos de Repsol, aunque en todos los casos al 50%, según figura en su declaración de bienes e intereses.

La transparencia del Parlamento es tal que permite asomarse a algunas de las pasiones más personales de los diputados. Es público y notorio el beticismo del ex consejero de Hacienda y diputado socialista Antonio Ramírez de Arellano, pero no lo es tanto que tiene unos 1.200 euros en acciones del Real Betis Balompié. Ramírez de Arellano, además, tiene la posibilidad de discutir –o celebrar– sobre el buen momento de otro diputado que está en sus antípodas no sólo ideológicas, sino también futboleras. El presidente del grupo parlamentario de Vox, Macario Valpuesta, tiene diez acciones del Sevilla Fútbol Club valoradas en 420 euros, aunque la guerra accionarial en la que está inmerso el equipo de Nervión podría provocar una revisión de la declaración de bienes de este diputado sevillano, ya que las participaciones del Sevilla han visto elevado su precio en los últimos años.