Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía ¿Quién tendrá que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con la nueva reforma decidida por la Junta?

  • Las herencias no exentas tributarán distinto en 2019 si el devengo es previo a la modificación, por lo que a la Junta le urge concretarla para minimizar los agravios

  • La merma de ingresos que estima la Consejería de Hacienda se cifra en 42,5 millones repartidos en tres ejercicios

El presidente de la Junta, durante el primer Consejo de Gobierno de la XI Legislatura, celebrado en Antequera, que acordó modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El presidente de la Junta, durante el  primer Consejo de Gobierno de la XI Legislatura, celebrado en Antequera, que acordó modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El presidente de la Junta, durante el primer Consejo de Gobierno de la XI Legislatura, celebrado en Antequera, que acordó modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. / EFE

¿Quién tendrá que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con la nueva reforma decidida por la Junta? Los contribuyentes que hasta ahora no estaban exentos por superar su herencia individual directa – cónyuges, hijos, nietos y padres (grupos I y II)– el millón de euros y todos los andaluces que reciban una donación, pero con una bonificación del 99%. Dicho de otro modo: desde que se aplique la reforma sólo pagarán el 1% del valor de los bienes que hereden por línea directa si supera el millón de euros y el 1% del bien o cantidad que les donen, sea cual sea ésta.

Pero esto generará un agravio para casos similares devengados en el mismo ejercicio de 2019 en función de si la fecha del devengo es anterior o posterior a la modificación del impuesto. La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía tendrá que trabajar a marchas forzadas para aplicarla cuanto antes y minimizar los agravios por esa bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones, en cumplimiento de la decisión del primer Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno celebrado en Antequera.

Al ser un impuesto directo sería posible su modificación con carácter retroactivo, admitieron fuentes del departamento que dirige Alberto García Valera, pero explicaron que el devengo no es modificable y se le aplica la norma en vigor del deceso, así que no tendría efecto la retroctiviad, de acuerdo a las normas de la Agencia Tributaria estatal. Así, quien herede desde el 1 de enero hasta que entre en vigor la reforma pagará o no como en 2018.

Desde Hacienda confirmaron que barajan tres figuras jurídicas para su implementación en la legislación autonómica: un decreto ley, una ley especial o incluirla en los Presupuestos de 2019. Niguna de ellas está descartada, pero un decreto ley necesita justificar su urgencia y disminuir ingresos no encaja bien con ese concepto, si bien podría argurmentar la reactivación de la economía regional.

Lo que sí tiene ya calculado Hacienda es la merma de ingresos que tendrán las arcas públicas de la comunidad autónoma con la reforma: será de 42,5 millones de euros. El número de contribuyentes que hasta ahora no se beneficiaba de las bonificaciones en ambos supuestos son 10.000.

Las mismas fuentes aclaran que la estimación sería de 38 millones de pérdida recaudatoria si el cálculo se hiciera de modo que todas las declaraciones voluntarias del impuesto fuesen registradas en un ejercicio y se devengasen en el año natural. La experiencia en la gestión recaudatoria indica, empero, que esa estimación total se diferirá en varios ejercicios, ya que en la recaudación influyen diversos factores, como la inclusión de cobros anteriores a la entrada en vigor de la nueva bonificación o el plazo de hasta seis meses que tiene el contribuyente para presentar este impuesto en el caso de las herencias.

Por ello, el cálculo que hace la Junta es que para el primer ejercicio aplicable, el de 2019, espera una disminución de los ingresos de 18 millones de euros, de manera que la previsión de recaudación total por este impuesto una vez aplicada la bonificación quedaría en 266,5 millones de euros, lo que supondría una reducción del 6,3% respecto al Presupuesto vigente.

Siguiendo esta misma lógica recaudatoria, las mermas por el cambio legislativo que prepara la Junta –aún no está aprobada–, la caída de ingresos para la Administración autonómica irá descendiendo en los ejercicios siguientes.

Las fuentes de Hacienda estiman que para 2020 la merma sería de 15,8 millones y para 2021, ejercicio en el que terminaría el ajuste en la recaudación, sería de 8,7 millones. La suma de los tres ejercicios arroja el cálculo global de 42,5 millones menos como impacto total de la bonificación.

El mayor cambio se producirá en las donaciones, que es previsible que crezcan

El cálculo no incluye un previsible aumento de las donaciones, hasta ahora gravadas desde el primer euro. Para explicar el impacto de esta medida, el departamento de García Valera recurrió a un ejemplo: con la norma actual, si un padre dona a su hijo 30.000 euros, tiene que pagar 2.625,96 euros. Una vez en vigor la bonificación del 99%, la cuota tributaria a ingresar en la caja de la Administración se reducirá a 26,52 euros.

Estos nuevos beneficios fiscales, que como las modificaciones anteriores no exime al contribuyente de la obligación de autoliquidar el impuesto (declararlo), se acumula a los aprobados en la legislatura anterior por la Junta a instancias de Cs, socio que exigió al PSOE –y consiguió– eximir del pago a los patrimonios individuales obtenidos por herencia que fuesen inferiores a un millón de euros.

El objetivo del Gobierno andaluz del cambio al aplicar la práctica supresión para la totalidad de los contribuyentes andaluces es, según las fuentes consultadas, “hacer de Andalucía una comunidad atractiva para la inversión y competitiva desde el punto de vista fiscal”, pero también recuperar contribuyentes que cambiaron su domicilio fiscal a otras comunidades, singularmente a la de Madrid, para beneficiarse de las bonificaciones que en éstas se aplican y que ahora incorporará Andalucía. Con ello, Hacienda espera conseguir una normalización de domicilios fiscales y generar dinamismo económico en la comunidad.

Además de en Madrid, este agravio en la bonificación del impuesto se daba en otras cuatro comunidades autónomas: Cantabria, Canarias, La Rioja y Murcia.

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