fiscalidad

La desigualdad del impuesto de Sucesiones

  • Extremadura y Murcia suprimen el gravamen a las herencias de familiares directos y se unen al club de País Vasco, Navarra, Canarias, Cantabria, La Rioja y Madrid

Comentarios 10

Una herencia puede ser un mero trámite o convertirse en un regalo envenenado al que se acaba renunciando ante la imposibilidad de afrontar los pagos que implica. Entre ellos, se encuentran los gastos notariales y del registro de la propiedad, el abono de diversas tasas legales o la plusvalía municipal. Pero la polémica estriba en el controvertido impuesto de Sucesiones. Este tributo, que apenas supone el 1% de la recaudación, se ha convertido en un campo de batalla política al coexistir comunidades autónomas en las que los herederos de primer grado de consanguinidad prácticamente no tienen que pagar nada, con otras en las que las herencias están sujetas a un alto gravamen si la base imponible supera una determinada cantidad.

La última reforma del impuesto de Sucesiones en Andalucía ha abaratado la factura fiscal. Pero esta medida se queda corta en comparación con las novedades adoptadas por Extremadura y Murcia, que se han unido al club de comunidades que prácticamente han suprimido este gravamen para los herederos directos. Ambas han introducido este año una bonificación del 99% para los Grupos I y II, que comprenden a los familiares más cercanos -padres, hijos o adoptados y cónyuges-. Se suman así a Canarias, Cantabria, La Rioja, Madrid y los territorios forales, en los que prácticamente no se tributa ya que el tipo del País Vasco -donde los impuestos son recaudados por las diputaciones- se sitúa en el 1,5%, y el de Navarra en el 0,8%.

La presión de C's ha sido determinante para bonificar el impuesto de Sucesiones en MurciaExtremadura ha movido ficha a la espera de la reforma de la financiación autonómicaSólo los familiares más cercanos están exentos del pago en las regiones con bonificación del 99%

Otras comunidades circunscriben la bonificación del 99% únicamente al Grupo I -hijos y adoptados menores de 21 años-. Así ocurre en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia, en las que los integrantes de este grupo sólo abonan importes simbólicos.

El resto de herederos sí están sujetos al pago del impuesto en todas las comunidades, incluidas las regiones que ofrecen bonificaciones del 99% para los familiares más cercanos. Aquí se insertan los llamados colaterales -comprendidos en el Grupo III y que abarcan hermanos, primos, nietos, tíos o sobrinos- y los herederos con un grado de parentesco más lejano o sin afinidad, que se recogen en el Grupo IV.

Las comunidades que no bonifican a los familiares más cercanos del Grupo I y II optan por aplicar un mínimo exento de tributación. En el caso de Andalucía, éste se acaba de elevar hasta el millón de euros por heredero, la cifra más alta entre las regiones que adoptan esta disposición, ante la presión de Ciudadanos. La formación naranja, que ya había arrancado de la Junta una reforma del impuesto el año anterior que elevó este listón hasta los 250.000 euros -con una corrección del error de salto hasta 350.000 euros-, vinculó su apoyo a los presupuestos de 2018 a que se le diera una nueva vuelta de tuerca a este tributo.

La reforma que entró en vigor el pasado 1 de enero también incrementó el tope para que los herederos más cercanos se beneficien de esta exención. Hasta la última modificación, sólo podía aplicarse a las personas que tuvieran un patrimonio previo inferior a 402.000 euros, límite que ahora se aumenta hasta el millón de euros.

Ciudadanos ha tenido más éxito en Murcia, donde al igual que en Andalucía, sus votos son determinantes para sostener al gobierno autonómico, en este caso del PP. El partido naranja, que forzó la sustitución del presidente Pedro Antonio Sánchez tras su imputación en varios casos de corrupción, exigió posteriormente una eliminación del impuesto de Sucesiones a los familiares más cercanos, medida que acaba de entrar en vigor.

Por su parte, la Junta de Extremadura aplica la bonificación de este tributo para los Grupos I y II de forma temporal, según estipula su Ley de Presupuestos de 2018. El Gobierno presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara ha movido ficha a la espera de que el Ejecutivo central fije un umbral tributario mínimo en la próxima reforma del sistema de financiación autonómica.

El debate entre armonización y la supresión del impuesto divide a las comunidades. Las regiones que han optado por la bonificación defienden que han hecho un uso legítimo de sus competencias, al tratarse de un impuesto de titularidad estatal cedido a las autonomías. En cambio, las comunidades que abogan por la armonización insisten en que el impuesto de Sucesiones profundiza la desigualdad y acusan a las primeras de dumping fiscal, como hizo la presidenta andaluza, Susana Díaz, en alusión a Madrid durante la Conferencia de Presidentes del año pasado.

El PP andaluz se ha posicionado claramente a favor de la supresión del impuesto, hasta el punto de que recogió más de 200.000 firmas pidiendo su bonificación total. Es más, éste es uno de los principales compromisos que Juanma Moreno reitera que llevará a cabo si llega a la Presidencia de la Junta.

Por su parte, Ciudadanos defendió la armonización en su ponencia sobre la reforma de financiación autonómica presentada recientemente en el Parlamento de Andalucía. Días después, su número dos a nivel nacional, José Manuel Villegas, enmendó a sus correligionarios andaluces y subrayó que su partido busca "eliminar este tributo para la totalidad de los españoles".

Con las modificaciones introducidas en esta legislatura, los ingresos han ido declinando desde los casi 395 millones que entraron en las arcas de la Junta en 2015, según las estadísticas de recaudación tributaria de la Consejería de Hacienda. Hasta el pasado mes de noviembre, último del que existen registros, la administración regional había ingresado 322,7 millones de euros, un 2,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. La nueva reforma supondrá un bocado adicional de unos 83 millones de euros para este ejercicio, según estimaron la Junta y Ciudadanos en la firma del acuerdo presupuestario de 2018.

Pese a la bonificación, Madrid sigue recaudando más que Andalucía por el impuesto de Sucesiones gracias a los Grupos III y IV. En 2016, los ingresos de Madrid ascendieron a 419,7 millones de euros, un 16% más que en el año anterior, según el Ministerio de Hacienda, contrastando con la caída del 0,6% a nivel nacional.

Una de las cuestiones controvertidas es el número real de obligados a tributar por este impuesto. De las 201.698 autoliquidaciones presentadas en Andalucía entre enero y septiembre de 2017 en materia de sucesiones, sólo 13.332 -el 6,6% del total- salieron a pagar. Con la última reforma, el Gobierno andaluz estima que el 95% de los herederos no tendrá que tributar. Y del 5% restante, sólo un punto porcentual corresponderá a herencias de primer grado.

Esto permitirá a Andalucía a escalar posiciones en la comparativa fiscal que elabora cada año el Consejo General de Economistas y que se usa como referencia habitual. En la última edición, Andalucía era la región en la que había que pagar la mayor cuota para el supuesto elegido por el Consejo. Así, un soltero de 30 años que heredase de su padre bienes por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, tendría que abonar 164.049 euros en Andalucía, mientras que en Madrid se reduciría a 1.586 euros, y en Canarias a 134 euros. En cambio, en la próxima edición que se presentará el próximo 26 de febrero, este mismo supuesto arrojará un resultado testimonial para Andalucía.

"A nivel internacional es raro que coexista el impuesto de Patrimonio con el de Sucesiones, porque hay una cierta incompatibilidad entre los dos a la hora de gravar la riqueza. La tendencia es que el de Patrimonio vaya desapareciendo. Incluso Francia prepara una profunda reforma para 2019 sobre este impuesto", señala el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich. En su opinión, la competencia fiscal "no es negativa, en principio", y es comprensible dado el alto nivel de descentralización de España, "un país de corte federal". "El diablo está en los detalles. El problema es que el impuesto de Sucesiones es muy complejo en España, no sólo por la dispersión, sino sobre todo por la gran cantidad de bonificaciones, lo que lo convierte en un impuesto muy parcheado", señala el presidente del Consejo, que incide en que "lo ideal es que tuviera tipos muy bajos y no existiera una competencia que lo único que hace es embrollar".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios