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Andalucía

Susana Díaz da por acabado el impuesto de Sucesiones

  • La Junta aceptará su recorte por el "proceso de deslegitimación" y para cumplir con Ciudadanos

  • El Gobierno andaluz quería esperar a la reforma del sistema de financiación

La presidenta de la Junta, Susana Díaz. La presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz. / EFE

La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha dejado meridianamente claro que su posición es la de dejar morir al impuesto de Sucesiones. Por dos motivos, porque su voluntad es la de cumplir el acuerdo parlamentario con Ciudadanos y porque cree que este tributo ha sufrido "un proceso de deslegitimación", en el que se han empleado argumentos injustos, pero también justos. De este modo, Díaz, en un encuentro que organizó ayer la Cadena Ser en Sevilla, adelantó que reformará el impuesto y que, para ello, está pendiente de la cantidad de entregas a cuentas que realizará el Ministerio de Hacienda y de saber a cuánto llega la liquidación del presupuesto de 2016.

Estos dos conceptos sirven para financiar el día a día de la Junta, son las cantidades que Hacienda revelará a finales de julio, el primero es un adelanto por los impuestos cedidos y el segundo, el balance de lo sucedido con ellos en 2016, que debe estar en torno a los 1.000 millones de euros. Una vez sabido esto, el Gobierno autonómico formulará cuánto se puede reducir un impuesto, el de Sucesiones, por el que se ingresan unos 400 millones de euros. Otras fuentes de la Consejería de Hacienda valoraron que el impuesto se ha convertido en un instrumento impopular en manos de la oposición, que ha conseguido hacer del concepto un problema para el Ejecutivo andaluz.

Pero más allá de la coyuntura política de este año -el PSOE andaluz necesita a Ciudadanos para sacar los Presupuestos de 2018-, la reforma le dará el tiro de gracia a Sucesiones, ya que el próximo acuerdo del sistema de financiación autonómica lo dará por acabado. La intención de Susana Díaz y de su titular de Hacienda, María Jesús Montero, era esperar a la negociación del sistema, porque si el Gobierno central lo eliminaba, debería compensar económicamente a las comunidades autónomas con una cantidad similar a su recaudación. Pero no da tiempo. Puede que ese sistema esté listo para 2018, en el mejor de los casos, o 2019, pero la exigencia de Ciudadanos se debe solventar de modo inmediato, para comenzar a negociar las cuentas del próximo año.

Ciudadanos y el PP han logrado proyectar la sombra de una injusticia social sobre este impuesto, que en Andalucía era de los más caros de España, aunque se hubiese reformado hace unos meses. Al final, se ha impuesto en la opinión pública que es injusto, opina una fuente del Gobierno andaluz. Sea así o no, tiene sus días contados, en unos meses se escribirá su epílogo.En el encuentro de la Cadena Ser, la presidenta de la Junta subrayó que la estabilidad política de Andalucía es uno de los objetivos de los que nunca se va a apartar, con lo que viene a reforzar el acuerdo con Ciudadanos.

El Presupuesto de 2018 debe encajar una reducción del déficit hasta el 0,3%, lo que supone una reducción del gasto de 450 millones de euros o bien la compensación paralela con un aumento de los ingresos. A ello habrá que añadir que los ingresos dejarán de contar con los 400 millones de Sucesiones, por lo que, descartado otros aumentos impositivos, el encuadre de las cuentas dependerá de la mejora de la economía (mayor recaudación) y de la financiación de la deuda. En este sentido, la Junta firmó el pasado 18 de junio un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 217 millones de euros para financiar algunas infraestructuras. Lo hizo a un tipo de 30 puntos básicos por debajo del impuesto por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que es el instrumento que ha servido para mantener vivas a las comunidades autónomas una vez que los mercados se cerraron como consecuencia de la crisis.

El crédito del BEI anticipa que la Junta volverá a financiarse en otros mercados privados y a intereses bajos, lo que redundará en una bajada de una de las partidas más importantes del Presupuesto, que es la refinanciación de la deuda.

Susana Díaz hizo un balance bastante optimista de la economía andaluza, incluso un tanto triunfalista, al considerar que ya se ha producido una parte del "cambio estructural" del sistema productivo. Sobre el papel, están los datos del paro registrado en junio, que suman 818.763 andaluces, 10.000 menos que el mes anterior. Susana Díaz aseguró que el desempleo bajará de los 800.000 a finales de 2017. "Ya hay 286.000 parados menos que cuando se produjeron las elecciones autonómicas de marzo de 2015", subrayó la presidenta. Los datos de turismo serán muy buenos este verano y las exportaciones van a cerrar el año con una cifra de 30.000 millones de euros venidos fuera.

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