Unidas Podemos ha recurrido la nueva ley andaluza del suelo (Lista) al Tribunal Constitucional por ir en contra de la autonomía de los ayuntamientos. Es el principal argumento del recurso impulsado por la coalición de izquierdas y que también lleva la firma de Más País, Compromís, ERC y Nueva Canarias, pero que también considera inconstitucional el trámite por la vía de urgencia que solicitó el Gobierno andaluz así como siete artículos del texto, la disposición adicional cuarta y la disposición derogatoria.

Al tratarse de un recurso impulsado por un grupo de diputados y no del Gobierno central, no se produce la suspensión cautelar de la norma, explican desde UP, porque el PSOE rechaza esta posibilidad. Hay que recordar que los socialistas estuvieron cerca de apoyar este texto en la Cámara regional. Según ha defendido la diputada por Córdoba y líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, el recurso de su partido busca evitar la conversión "de todo el litoral andaluz en un pelotazo urbanístico". El el principal argumento contra la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que esgrime Unidas Podemos en el recurso, fechado el 3 de marzo, es la vulneración del principio de autonomía local que la Constitución reconoce en sus artículos 137 y 140. 

Dicho principio se vulnera, según el recurso, en el artículo 19.1.a) por la "amplitud con la que han sido descritos los usos ordinarios" del suelo rústico, lo que provoca su "desregulación de facto", ya que entre dichos usos se incluyen las actividades mineras, de generación de energías renovables e incluso residenciales para trabajadores temporales que desarrollen su labor en dicho suelo. La posible inconstitucionalidad de la inclusión en esta categoría de los suelos mineros, apunta el recurso, ya fue advertido por el gabinete jurídico de la Junta en informe al anteproyecto de la Lista. Además, sobre los usos relacionados con planta de energía solar o eólica, el recurso apunta a los posibles "efectos sobre los valores ambientales que dieron lugar a la clasificación de los suelos como rústicos". 

El recurso defiende que la Lista generará "un urbanismo aleatorio que permitirá introducir usos y explotaciones destructoras de los valores ambientales", en las zonas que no estén planificadas por los ayuntamientos. En este punto el texto de Unidas Podemos señala una de las polémicas que centró el debate de aprobación de la Lista, como es la luz verde a la edificación de viviendas unifamiliares en suelo rústico. Este fue el motivo que llevó al PSOE a abstenerse ante una ley que sólo Unidas Podemos rechazó en dos ocasiones, como ha recordado este miércoles Inmaculada Nieto, portavoz de UP en la Cámara andaluza. 

Entre el resto de inconstitucionalidades relacionadas con la autonomía municipal que denuncia UP ante el Alto Tribunal destaca la incidencia que tiene la declaración de un proyecto de interés autonómico sobre la planificación urbanística que depende del municipio, así como la suspensión cautelar de las modificaciones de los instrumentos de ordenación urbanística. También rechaza el recurso que se exima de licencia municipal a los usos mineros en zonas rústicas porque los ayuntamientos pierden margen de maniobra en proyectos de mucha "repercusión paisajística, ambiental y territorial"

Fuera de la autonomía municipal, Unidas Podemos recurre la decisión de utilizar el procedimiento de urgencia para acortar los plazos de la tramitación en el Parlamento, que no superó los cuatro meses. También se rechaza la regularización de actuaciones realizadas "sin título habilitante" o que "han contravenido la normativa". "Se trata de medidas de fomento de la consolidación de la obra ilegal (...) incluso en suelos de especial protección", apunta el recurso de UP, que también señala una inconstitucionalidad por la "vulneración de la legislación estatal básica en materia de vías pecuarias", ya que permite su desafectación automática. 

Finalmente, el recurso considera inconstitucional la derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) asociado a la aprobación a la Lista, ya que elimina así una norma que vetaba "crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores el 30% en ocho años". Considera Unidas Podemos que es una medida "objetivamente regresiva desde el punto de vista ambiental" y que infringe "principio de no regresión ambiental".