Veto a instalar inhibidores que impidan a los letrados comunicarse con el exterior

La juez Alaya ha rechazado la petición del abogado de dos imputados para que deje a los letrados acceder con sus propios equipos informáticos a la sala donde se realizan las declaraciones, colocando un inhibidor a fin de impedir que los profesionales puedan comunicar con el exterior. En una providencia dictada el pasado 2 de octubre, la juez dice, respecto al inhibidor solicitado, que se trata de un aparato "del que no se dispone" en el edificio de los juzgados, a lo que se suma además que "requiere cierta inversión económica".

El abogado que defiende a los ex directores generales de Finanzas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Pablo Millán y Juan Vela, solicitó a la juez que, en caso de no aceptar la petición del inhibidor, permitiera el uso en la sala de equipos informáticos sin conexión inalámbrica con el exterior a través de redes móviles, como internet o wifi. No obstante, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla también rechaza esta posibilidad alegando que "el hecho de que el ordenador carezca de conexión inalámbrica con el exterior no impide" que se lleve a cabo una grabación de las declaraciones mediante "las tarjetas de sonido de los portátiles o tabletas". En su escrito, el letrado de los dos ex altos cargos explica que fue el pasado 25 de julio, en la primera declaración a la que asistía, cuando se le indicó verbalmente que, en este procedimiento, no se permitía a los letrados acudir a las declaraciones con ningún equipo informático, "derivando dicha medida del incidente ocurrido durante la comparecencia" del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "que estaba siendo transmitida en tiempo real por las redes sociales".

El abogado entiende que esta medida "resulta desproporcionada y afecta gravemente" al derecho de defensa, señalando que "resulta evidente que en el estado actual de la técnica, resulta práctica habitual e incluso sumamente recomendable que los letrados trabajen con equipos informáticos en los que puedan tener, digitalizadas, la copia de las actuaciones y sus propios documentos de trabajo".

Añade que, en el caso ERE, "es obvio que manejar" el volumen de documentación existente "exige" permitir a los letrados utilizar sus equipos informáticos a fin de que puedan acceder a sus copias y documentos de trabajo durante las declaraciones, y así, "ejercer de forma profesional y efectiva el derecho de defensa".