Cuesta que alguien diga algo. Es algo mucho más extraño de lo que parece en un sector con la necesidad de darse a conocer de manera permanente. Quienes han dirigido las negociaciones que condujeron a mediodía del pasado lunes a la firma del Acuerdo de Doñana entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, les advirtieron a todos ellos: “nada de hablar hasta que todo esté hecho”. El pacto ha tardado menos –y mira que estaba complicado– que cursar la contraorden.

Eso no va con Joaquín. Un bar de la localidad sevillana de Aznalcázar es un buen punto de partida para hablar de cómo arreglar todos los problemas del campo: “yo te lo digo muy claro; el día que se pueda pedir el dinero que van a dar para abandonar las fincas, estoy allí el primero. ¿Son cien mil por hectárea no?” Cuando se le explica que, en su caso serían setenta mil euros (los restantes treinta mil corren a cargo de la Junta y de la Diputación de Huelva para los productores de la Corona Norte), entorna los ojos, pero hace rápido las cuentas: “bueno, también. Y conozco a muchos que lo van a hacer también. A mi edad (no aparenta los cincuenta largos que tiene) no voy a desaprovechar esa oportunidad.

Después de un rato hablando en el que repasa punto por punto todas las dificultades a las que se enfrenta a diario –y ninguna tiene que ver con su labor directa– resuelve el gran enigma: “el problema es que el campo está dirigido por personas que no tienen ni puñetera (no usó esa palabra) idea de qué están hablando”.

Los ilegales que lo seguirán siendo

La conversación es breve y por un teléfono que no es el suyo. No quiere ni nombre, ni el pueblo donde tiene su finca, “no muy grande” y, al menos por lo que deja caer de lo (poco) que dice parece que no es ni la primera, ni la segunda generación que la explota. Lo que descoloca es que ese pozo (hay alguno más porque segundos después utiliza el plural) “lo conoce todo el mundo y, de momento nadie a venido a cerrarlo”. No es consciente de que hace algo mal: “lo tengo porque no tengo dinero para legalizarlo y no voy a irme a otro sitio”.

Todavía no ha pensado qué hacer. Conoce el acuerdo y las cifras, los euros que le pueden dar por su terreno (es de la Corona Norte): “no lo tengo nada claro. Dicen que no perdemos la propiedad, pero si estamos como estamos, salimos a la luz y no me interesa” y eleva el tono: “no somos terroristas”. La pregunta de si considera que han hecho algo mal y qué es lo que ha sido pone fin a la llamada.

En el mismo lado de frontera provincial, Manuel Delgado representa a más de dos centenares de agricultores “de hasta tres generaciones” que explotan más de cuatro mil hectáreas. Quiere olvidar lo antes posible los últimos meses y se aferra a un pacto que espera que lleve aparejada una vuelta a la normalidad, a “hablar de un producto único como es la fresa”. No sólo pasar página, sino leer un libro nuevo en el que no aparezcan las amenazas personales que han pasado este tiempo: “decidimos que el portavoz de la Asociación Puerta de Doñana no fuese un agricultor, porque al anterior le llegaron a decir que iba a aparecer en un vertedero y hay que tener en cuenta que si tienes una explotación, ésta puede aparecer ardiendo una noche por accidente”.

Son tres historias de las pocas que permiten contarse, por ahora. Saldrán más porque hay miles.Según los documentos que facilitaron el lunes, hasta 895 explotaciones con 4.749 parcelas, más de 8.325 hectáreas.

Marismas sevillanas

Uno de los apartados que más sorprendió fue la inclusión en el Acuerdo de hasta catorce municipios de tres provincias andaluzas. Trataba de salvar la cara a una inversión millonaria y que ésta no sirviera para considerarla como una amnistía a quienes tomaron un camino más fácil a la hora de decidir de dónde sacarían el agua para sus explotaciones. Dentro del entorno que también para en Sevilla, Joaquín reconoce que “los conocemos a todos”. En cualquiera de los casos tiene una particular concepción acerca del tema: “hombre, robar agua, la verdad es que no lo veo así. Si la utilizas para llenar tu piscina o para lavar el coche, entonces sí que estás robando, pero piensa que de lo que yo produzco, comes tú. Bueno, tú y todo el mundo. Pero bueno –aclara sin preguntar– yo sí que estoy legal y lo he estado toda mi vida”.

Uno de los pozos (legales) de una finca en la provincia de Huelva, ayer.

Sigue adelante “porque es lo que hacemos todos”, pero tampoco oculta su desencanto sobre una situación que justifica su cada vez menos apego. De un lado, la falta de perspectivas familiares para continuar con ello: “mis hijos no quieren saber nada del campo”. De otro “una burocracia increíble, que nos ahoga constantemente. Cada vez nos dedicamos menos a trabajar la tierra y más a rellenar papeles y tenemos a alguien permanentemente encima nuestro para ver cómo, qué y dónde producimos. La verdad es que eso no lo hacen en otras actividades. Vamos, que no creo que el fabricante de coches tenga a un tipo encima para ver cómo lo fabrican, la verdad”. Antes de hacer frente al calendario agrícola “hay que pasar por el trámite de la PAC (Política Agraria Común) de la Unión Europea que te dice qué cultivar y dónde hacerlo para cobrar las ayudas. Yo he plantado desde garbanzos, hasta guisantes, con rotaciones entre las distintas parcelas para que los cultivos sean fijadores de nitrógeno. Así todos los años”.

El suyo es un terreno de ocho hectáreas, dedicado a un cereal “que este año ha perdido dinero” y un olivar que “se ha portado mejor, pero es algo coyuntural y, desde luego, no justifica la subida de precios”. Para ello también tiene una explicación: “es especulación. Pasó lo mismo con el aceite de girasol. Lo retiraron de las tiendas un par de días y después subieron el precio y limitaron la cantidad que podían comprar. Ahora, me parece que está pasando lo mismo”.

Un taller con un tractor que asusta acabando de ser reparado es el mejor escenario posible para dar cuenta de lo que ha cambiado el campo en las últimas décadas. De los antiguos John Deere con un motor indestructible y una carrocería que se heredaba de generación en generación, sólo queda el color verde. Antes, con una llave inglesa se arreglaba; hoy hay un técnico conectando su portátil para hacer el diagnóstico.

A pocos metros de allí, sus fincas, no obstante, padecen problemas similares, al menos en lo que se refiere al agua, que no hay para todos. En las de Aljobar y Quema, cuadrillas ponen a punto la maquinaria para labores que, de no estar familiarizado con ellas, se escapan. El campo marca su ritmo y más aún cuando la lluvia cae como una bendición después de semanas sin hacerlo. “El agua siempre es bienvenida”, dice la máxima agrícola y la actividad que se ve en todas ellas, le da la razón. Estos días se utilizarán menos las bocas de riego que salpican el paisaje. Las que se ven, están en regla. Tienen sus contadores y precintos para verificarlo. Posiblemente haya cientos de ellas que no se vean y esas son las que no deberían estar, las que hacen pagar a justos como a los pecadores, las que han colocado al campo del entorno de doñana en el disparadero.

Campos de fresas en Huelva

Las fincas de la Corona Norte comienzan a combinar los colores verdes de las hojas que hasta hace poco monopolizaban el paisaje, con los rojos de las variedades tempranas que ya comienzan a recogerse. Dentro de unas semanas, la mayor parte de la producción cruzará las fronteras nacionales con destino a los principales mercados europeos, pero estas primeras se comerán en los hogares españoles. La pandemia y la polémica han amenazado a un producto que era hasta hace poco, sinónimo de primor, un calificativo que ha pasado del mundo artístico al gastronómico. Lo que busca ahora, es la tranquilidad con la que solían convivir.

Manuel Delgado pensaba que iba a llegar cinco años antes, cuando “se prometió en 2018 el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua”. El primer análisis aguó las expectativas: “se iba a destinar trece de ellos a aumentar el número de hectáreas de regadío, que algunos análisis hablan de que eran 1.600, con lo que quedaban siete para el resto; si se tiene en cuenta que estos cultivos necesitan 4.500 metros cúbicos por hectárea, sólo iba a permitir regar apenas dos mil. Esto es lo que estaba previsto, aunque después se frustró y se paralizó todo”. La dejadez de las administraciones, “no importa su color”, afirma Manuel, hizo lo demás. Al menos hasta hoy.

Las fincas de la provincia de Huelva están listas para la campaña.

En Almonte se han vivido escenas poco recomendables, desde la retirada de la mirada, hasta unas amenazas “que no creo que se hubieran concretado, la verdad, pero no es nada agradable escucharlas”. Confía que “hayan quedado atrás”. Lo positivo “que dos administraciones se hayan puesto de acuerdo, que no es demasiado normal y, también que se haya retirado una ley de regadíos que iba a suponer el aumento de hectáreas, se mire como se mire. Llevamos demasiado tiempo esperando una salida a esta situación, desde los años 90, pero el resultado es más que aceptable, aunque tiene puntos que se han dejado al margen”.

Ante la pregunta de ser más específico, contesta del tirón: “se dedican cero euros a las infraestructuras para el transporte del agua del trasvase y, sin ellas, es decir, de las conducciones y las estaciones impulsoras, es imposible llevarlo a cabo”. En cualquier caso, también reconoce que “en Almonte se ha celebrado como si hubiera tocado la Primitiva; cuando se conoció, la gente se puso más que contenta”. Hay que tener en cuenta que “por un cultivo de secano pueden sacar de seis a ocho mil euros por hectárea; en esta zona, con buenos accesos, buenas comunicaciones y en un buen sitio, se pueden llegar a los cien mil euros por hectárea. Ahora resulta que te dan una cantidad similar y encima no abandonas la propiedad, por lo que todos aquellos que están al final de su vida laboral, no creo que se lo piensen mucho” y hay que tener en cuenta que se trata de un sector muy envejecido.

Delgado reconoce que “no se esperaba nadie que llegara a afectar a tantos municipios”, aunque se muestra convencido que “es la única salida para evitar que se premiara a quienes se beneficiaron de las extracciones ilegales”. No obstante, la moneda tiene también otra cara, la de aquellos que “te dicen que han hecho el tonto, porque han pagado un dineral por tener una finca con todos los permisos en regla y ahora resulta que quien haya perforado un pozo ilegal, va a salir beneficiado”.

A pesar de sus “pocas esperanzas de que los políticos y de verdad que no me importa de qué partido sean o a qué administración representen”, espera que “ahora se tomen las cosas en serio”. Por ejemplo, le gusta “que se haya planteado un plan de ordenación, o más concretamente la revisión de lo que se conoció como el Plan de la Fresa del año 2014”. Se van a cumplir diez años “y ya tocaba”, aunque quiere ser claro desde el comienzo: “se deberían hacer las cosas bien, es decir, que todo el mundo participe y aporte lo que pueda, que se escuche la voz de todos y que, de una manera definitiva se cierre un capítulo que debería haber estado cerrado desde hace mucho tiempo”.

No quiere volver a “hacer informes y documentos para que las cadenas de distribución europeas tengan claro que lo que ellos compraban era lo mismo de siempre, es decir, un producto inmejorable y con todas las garantías de sanidad, higiene y los permisos en regla. Hubo un intento de desprestigiar esa imagen, aunque fue al comienzo del todo y, la verdad, es que hay que reconocer que no se ha llevado a cabo en absoluto. Se quedó en eso, un intento”.

Si Joaquín confiesa que “siguen produciendo porque lo han hecho siempre”, Manuel cree que “lo hacemos bien y ponemos a disposición de los consumidores un producto extraordinario. Algunos nos dicen que plantemos otra cosa, pero ¿qué? ¿Olivo intensivo que no da ni un solo empleo? ¿Aguacates que necesitan cuatro veces más de agua? ¿Lechugas que necesitan 6.500 metros cúbicos por hectárea? Los frutos rojos son muy buenos y, además, su producción da de comer a muchas personas y genera una enorme riqueza en todas partes y eso no se nos debe olvidar, de eso es de lo que debemos hablar”.

Uno de los pozos legales en la zona de las marismas sevillana.