Cambios en el conteo de la población y en la gestión de los impuestos: así es el nuevo modelo de financiación autonómica
El Estado plantea ceder a las autonomías 21.000 millones de euros más al año y el objetivo es reducir las diferencias por habitante pasando de 1.500 euros actuales a un máximo de 500
Andalucía recibirá 4.846 millones de euros más
El nuevo modelo de financiación autonómica es, de momento, una elaborada propuesta del ministerio que dirige María Jesús Montero. Y que cuenta con 21.000 millones de euros más cada año que saldrán de las arcas del Estado para que se gestionen directamente por los gobiernos autonómicos. Se trata de un modelo muy complejo que la vicepresidenta ha explicado ante los medios de comunicación antes de presentarlo a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el del 14 de enero. Es sólo el inicio de una tramitación larga que tendrá obligatoriamente que pasar por el Congreso de los Diputados para aprobarse como Ley Orgánica. Deberá contar para ello con la mayoría absoluta de los diputados y la idea del Gobierno de Pedro Sánchez es que llegue a esa Cámara antes del mes de junio. Una fecha que se antoja difícil.
Todas las cuentas para repartir el dinero dependen de la población ajustada, un concepto que se recalcula teniendo en cuenta no sólo la población real de las comunidades sino otros parámetros correctores como los habitantes hasta 17 años, o los mayores de 65.
La clave del nuevo sistema está en la recaudación de los impuestos. Además del IRPFy el IVA, se incluyen en la cesta de reparto otros cuatro tributos que ahora estaban fuera: el de Patrimonio, el de los depósitos bancarios, el de juego y el de los depósitos en vertederos. Y para aumentar los fondos a las comunidades, se les entregará la gestión del 55% del IRPF (ahora es el 50%) y del 56,5% del IVA (ahora es del 50%).
Nivelación horizontal y vertical
El nuevo modelo establece un mecanismo de nivelación horizonal entre las comunidades para reducir el 75% la distancia de las comunidades con respecto a la que más recursos tiene que es Madrid. Esto se traduce en que todas las comunidades deberán aportar a la caja común el 75% de los ingresos normativos por esos seis tributos, fondos que se repartirán entre las que menos dinero ingresan. Los ingresos normativos son la capacidad de recaudación que cada impuesto tiene en cada territorio; si una comunidad decide rebajar esos impuestos será su decisión política pero deberá aportar a la caja común el importe correspondiente.
A esto se suma otro mecanismo de nivelación vertical por el cual el Estado aportará fondos para reducir en dos tercios las diferencias entre los territorios.
Otras medidas de ajuste
También se incluyen ajustes adicionales que se negociarán bilateralmente entre las comunidades y el Estado cumpliendo así lo que pedía Cataluña. De este modo, las comunidades podrán pedir voluntariamente recibir una parte de la recaudación del IVA siguiendo el generado por las pymes en su territorio, o bien seguir cobrándolo por transferencia directa del Estado. Eso sí. Deberán mantener esta opción durante cinco años.
El ministerio ha puesto en marcha también un fondo climático dotado con mil millones de euros. De ellos, dos tercios irán a las comunidades mediterráneas y el otro tercio se repartirá por población ajustada. A ello se suma un tercer fondo dotado con 400 millones destinado a mantener el statu quo. Es decir, a que ninguna comunidad pierda con respecto a lo que recibe con el actual modelo. Eso significa que los 400 millones de euros de los que está dotado se repartirán entre Cantabria y Extremadura, las dos comunidades que perdían posiciones con este nuevo modelo. Con respecto a la ordinalidad, Cataluña mantiene la tercera posición por ingresos, pero es un principio que no se cumple para todos los territorios.
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