Un ciudadano que compra en una farmacia el medicamento que le receta un médico apenas paga un parte de su coste real. Son precios públicos. El resto del dinero hasta llegar al precio real lo abonan los gobiernos con los impuestos de los contribuyentes. Éste ha sido hasta no hace mucho uno de los principales motivos de preocupación de las administraciones. Es el llamado gasto farmacéutico, que en Andalucía avanza disparado de un tiempo a esta parte. A este reciente descontrol del gasto han contribuido dos factores, una cierta relajación de los controles y, sobre todo, la progresiva desaparición de las subastas de medicamentos que ha dispuesto el Gobierno andaluz del PP y Cs.

Que el gasto farmacéutico ande desatado en Andalucía sólo parece preocupar a la Consejería de Hacienda, que ha advertido en un reciente informe a la Consejería de Salud del rumbo que está tomando el coste de esta prestación pública. Los datos son elocuentes. La variación del dinero que le ha costado al Gobierno andaluz cada receta médica ha subido hasta septiembre de 2021 un 15,9%, comparado con el mismo periodo de 2020, según el registro del Ministerio de Sanidad. El efecto de la subasta está incluido en ese porcentaje. En ese mismo periodo, en cambio, el alza promedio de las comunidades autónomas ha sido del 6,8%, menos de la mitad.

Hubo un tiempo en que el gasto al que los gobiernos debían hacen frente para mantener un sistema sanitario público y viable era el causante primero de los dolores de cabeza de los dirigentes. Al comienzo, en la primera década del presente siglo, proliferaron las llamadas al ciudadano a la racionalización. "Los medicamentos no son caramelos", sugirió entonces una ocurrente campaña institucional. De la recomendación al hecho, sin embargo, hay un gran trecho. Llegaron entonces las regulaciones, las leyes, las normas de ahorro, las de la prescripción por el principio activo, por ejemplo. Con el hundimiento de la economía española tras la crisis de 2010 y la escalada sin control del déficit público, se acentuaron estas políticas de reducción del coste del sistema farmacéutico. La Junta de Andalucía de entonces fue a más e ideó un sistema para reducir el gasto a la vez que ingresaba unos nada despreciables cientos de millones al año. Era el año 2012. El nuevo sistema de compra de fármacos a la industria para abastecer al ciudadano fue conocido como subasta, un modelo que, por más que ha sido elogiado por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha estado en el punto de mira del Gobierno andaluz del PP y Cs en virtud del acuerdo de legislatura con Vox.

El presumible contento del Gobierno andaluz, que ha esperado hasta la semana pasada para determinar la efectiva eliminación de este sistema de subasta, no se corresponde con el descontento del departamento de Juan Bravo, cuya Dirección General de Presupuestos ha emitido un informe demoledor contra el proyecto de decreto-ley presentado por el Consejo de Gobierno el 28 de diciembre con el que ha determinado la derogación expresa de la norma que ha regido la adquisición pública de los fármacos desde 2012.

Los técnicos de la Consejería de Hacienda, que no aprecian el carácter de urgente necesidad que aduce Salud para suprimir mediante decreto el modelo de la subasta farmacéutica, han concluido "informando desfavorablemente" la disposición derogatoria del proyecto del decreto-ley por llevarse a cabo "sin adoptar ninguna medida supletoria o complementaria a la situación actual para intentar moderar o hacer disminuir la senda expansiva" del gasto. Un no rotundo.

Hacienda halla además dos causas al disparado coste de las recetas. De un lado, menciona el paulatino abandono de las convocatorias de la subasta, por las que la Junta, según cita la Dirección de Presupuestos, llegó a ingresar 227 millones de euros en 2019, año en que aún permanecían activos los suministros de fármacos derivados de convocatorias anteriores a la llegada del Gobierno del PP y Cs. Del otro lado, apunta Hacienda, está "la falta de control por el SAS de la prestación farmacéutica en los últimos ejercicios", extremo que ha provocado que en "sólo dos años haya producido un incremento del coste de 235 millones".

Tampoco avala esta derogación expresa del modelo de la compra pública de medicamentos el Gabinete Jurídico de la Junta, en cuyo informe que prescribe el decreto-ley insta a la Consejería de Salud a "justificar cumplidamente las razones de interés general que determinan" su "necesidad" y que avisa de una "clarificación del régimen jurídico" de la prestación farmacéutica en Andalucía.