El PSOE lleva al juzgado la compra de votos para el PP en Torreblanca

El PSOE presentó este martes en el juzgado de guardia una denuncia contra un cargo de confianza del gobierno de Juan Ignacio Zoido, en concreto el subdirector del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, y dos representantes de la asociación de vendedores ambulantes de Torreblanca como posibles responsables de "un delito continuado electoral en concurso ideal con un delito de prevaricación administrativa". En concreto, la denuncia apunta a estas tres personas por su participación en una iniciativa desarrollada en dicho edificio municipal para pedir el voto para el PP a cambio de diferentes ayudas. Una actuación que el PSOE tilda de escándalo nacional.

Tal y como adelantó la semana pasada este periódico, desde unos días antes del inicio oficial de la campaña electoral se habían buzoneado y repartido octavillas de forma masiva por el barrio con el logotipo del PP donde se invitaba a los vecinos a acudir al centro cívico para dar cuenta de sus necesidades y ser incluidos en una lista para poder acceder en un futuro, por ejemplo y según se cita en la propia propaganda, a repartos de alimentos, ayuda familiar, de vivienda o cursos de fomación laboral.

Un equipo compuesto por personal de la asociación de ambulantes y del propio distrito se ha encargado desde el día 5 de mayo, en horario vespertino los lunes, martes y miércoles, de atender a los demandantes, que han guardado incluso colas en la sede municipal. En dichas reuniones, y según confirma una grabación aportada por el PSOE, los denunciados explican "el favorecimiento de las políticas del gobierno municipal del PP" para la obtención de un paquete de medidas sociales de las que, de apuntarse en una lista, se podrían beneficiar, "induciendo directa o indirectamente a votar al PP" en las inminentes elecciones municipales.

Según consta en la denuncia,esta situación ha sido advertida por el director del distrito, que ha puesto en conocimiento del denunciante estos hechos y que debe conocer quiénes son las personas que solicitaron este espacio municipal para dichas reniones y qué personal municipal participó en ellas o las consintió.

La respuesta del gobierno de Zoido al sacar a la luz este periódico el asunto fue que no había nada ilícito en que una asociación de vendedores ambulantes en este caso pidiera el voto para el PP y que tampoco en el uso del centro municipal, pues la actividad que allí estaban desarrollando era la elaboración de un listado con las necesidades de la población de una zona que es de las más castigadas por el desempleo en Sevilla.

Sin embargo, tal y como demuestra la grabación aportada, los representantes de los vendedores dicen a los usuarios frases como: "Ahora quien está ayudando es el PP y quien está trayendo para Torreblanca es el PP". O "si no quieren ayudarnos los asuntos sociales nosotros vamos a seguir, por eso está la gente del distrito. Éste es del Ayuntamiento (en referencia al subdirector del distrito)". Los vendedores dejan claro a los demandantes de ayuda que es el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, el que está supliendo ayudas que corresponderían en algunos casos a la Junta de Andalucía. Es más, uno de los vendedores incluso dice a una usuaria que hay ayudas que las asistentas sociales están denegando, a pesar de que existen.

Estos hechos, según se recoge en la denuncia, serían constitutivos de un delito castigado con penas de cárcel de seis meses a tres años o multas de 12 a 24 meses "a quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención". En el caso del subdirector del distrito se añadiría el delito de pravaricación administrativa.

El PSOE aporta las pruebas y pide al juzgado que se tramiten las diligencias con máxima urgencia.