Andalucía

El ex interventor asegura que a Griñán "no le importaban nada" los informes de auditoría

  • Los nombres de aforados como Gaspar Zarrías y José Antonio Viera surgen en el interrogatorio de Alaya y de las defensas. El funcionario reconoce que "sólo una ínfima parte" del fondo de reptiles estuvo sometida a control financiero.

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha asegurado en su declaración ante la juez Mercedes Alaya que al presidente de la Junta José Antonio Griñán "no le importaban nada" los informes de auditoría que realizaba la Intervención General de la Junta de Andalucía, una conclusión a la que el funcionario ha llegado a través de las declaraciones realizadas por el presidente en sede parlamentaria.

En su declaración como imputado ante la juez Alaya, el ex interventor de la Junta, a preguntas de su abogado defensor, rechazó hasta once afirmaciones realizadas por José Antonio Griñán en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investigó el caso de los ERE fraudulentos y se refirió expresamente a su manifestación, empleando un símil, en el que Griñán aludió a que "si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema", en relación a lo que estaba ocurriendo en la consejería de Empleo con las transferencias de financiación.

Para Manuel Gómez, estas palabras del presidente muestran una "total displicencia y pasividad, y la incuria de la respuesta lo único que pone de manifiesto es que al señor Griñán los informes de auditoría no le importaban nada", aseveró Manuel Gómez cuando su letrado le cuestión sobre por qué cree que el Gobierno andaluz "no prestó oídos a su auditoría", que el interventor afirmó que fue remitida a tres miembros del Gobierno de la Junta y a la dirección del IFA/IDEA, por lo que "se remitieron a estructuras con un staff suficiente de personas para procesar y analizar el informe remitido y para decidir la adopción de las medidas oportunas". Gómez añadió que "andando el tiempo ha comprendido que la razón no está en la carencia de medios o el desconocimiento".

Cada una de las respuestas del interventor iban encabezadas con la expresión "la verdad es que..." e incluso en sus contestaciones tildó de "un poco críptica" o de una "afirmación maliciosa" el discurso de Griñán.

En su declaración y en contra de lo que también dijo Griñán respecto a que el programa de la partida 31.L, conocida popularmente como 'fondo de reptiles' estuvo sujeta a auditoría, el interventor sostuvo que "la verdad es que sólo una ínfima parte del programa 31.L estuvo sometida a auditoría o control financiero".

En su declaración, el interventor mantuvo la legalidad del sistema de transferencias de financiación e incluso llegó a afirmar que la opción de aminorar la partida de subvenciones y aumentar la partida de transferencias de financiación "no es ilegítima".

Alaya preguntó al interventor sobre si despachó personalmente con Griñán, en su etapa de consejero de Hacienda, el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, a lo que Gómez dijo que no, porque "no tenía la práctica de despachar para salvaguardar su independencia" y en este punto, aseguró que los informes de la Intervención tenían su difusión y por ejemplo el déficit presupuestario que ocasionaba la consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación al IFA "eran notoriamente conocidos", por lo que "es impensable que el consejero de Hacienda [en alusió a Griñán] no conociera que se había generado un déficit de 93 millones provocado por uno solo: el director general de Trabajo. Era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta”.

Alaya le preguntó entonces si se podía entender que el Consejo de Gobierno estaba a favor del uso de las transferencias para la concesión de las subvenciones sociolaborales porque aprobó las sucesivas modificaciones presupuestarias, a lo que Gómez respondió que desde esa óptica "se puede presumir que sí". Fue entonces cuando la instructora le preguntó al imputado si tuvo alguna participación el entonces consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, algo que desconoce el ex interventor.

Esta pregunta no fue la única que se planteó en el interrogatorio sobre personas aforadas, ya que el nombre del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, a quien la Guardia Civil atribuye un papel decisivo en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, volvió a surgir en esta comparecencia en relación con la firma de un convenio en el año 2000 que habría permitido ampliaciones presupuestarias de ese año, todo ello antes de que entrara en vigor el convenio de julio de 2001 que reguló las ayudas durante casi una década.

La instructora le preguntó al interventor por qué no se opuso a las sucesivas modificaciones presupuestarias si el funcionario sabía, según sus propias palabras en la carta remitida al presidente del Parlamento andaluza, de que se "estaba cebando sin descanso la corrupta partida de los ERE", una partida con la que "de manera arbitraria se regalaba dinero a empresas o a personas, muchas de ellas próximas a la Junta o al PSOE, sin que en ningún caso se determinara el fin público o interés social de tales entregas de dinero". El interventor respondió a la instructora alegando que "no tenía competencia para hacerlo según la ley de la Hacienda Pública".

Manuel Gómez defendió que no realizó el informe de actuación tras haber denunciado hasta en 15 ocasiones las deficiencias detectadas en las transferencias de financiación porque el decreto 9/1999 establecía que sólo se podría hacer si se producía un menoscabo de fondos públicos y, en este sentido, apuntó que "contraer obligaciones por encima de su presupuesto, no es un menoscabo de fondos públicos". El imputado insistió en que "si los interventores tuvieran que poner en marcha este procedimiento cada vez que los mismos pudieran sospechar que hubiera menoscabo de fondos públicos, la Administración no funcionaría", y añadió que la ley de Hacienda Pública señala que el menoscabo de los fondos tiene que ser un hecho “que ha ocurrido”.

En cualquier caso, Manuel Gómez indicó que el informe de actuación no tiene siempre por qué acabar en el Consejo de Gobierno, porque "si el consejero al que se encuentra adscrito el IFA decide dejarlo en un cajón, el interventor no tiene mecanismos para hacer nada".

El ex interventor concluyó que la dirección general de Trabajo y Seguridad Social "hubiera gestionado correctamente las subvenciones, con respecto a las normas de la ley de subvenciones y demás normas financieras, ninguno estaríamos aquí en este procedimiento", aunque añadió que sigue considerando que "ha sido una mala práctica presupestaria por arriesgada".

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