El fiscal pide 11 millones a dos letrados del "centro de lavado" de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía solicitaron ayer una fianza de responsabilidad civil de 11 millones de euros para los abogados José Luis Leal Bonmati y Alfredo Jiménez Suñe, socios del bufete sevillano de Estudios Jurídicos Villasís, un despacho que la juez Mercedes Alaya considera que actuó como "centro de lavado" de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante "facturas falsas por servicios inexistentes".

La juez Alaya atribuyó a ambos letrados los mismos ocho delitos que en su día imputó al director de Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal Bonmati, al que la instructora inculpó de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Como socios del bufete que disponían un tercio de la sociedad, la Fiscalía Anticorrupción reclamó un tercio de la fianza de responsabilidad civil de 25 millones que en julio pasado reclamó a Carlos Leal Bonmati y que procedían en su mayor parte del pago de 13,5 millones por parte la Junta de Andalucía de las pólizas concertadas en relación con las empresas Aglomerados Morell, Matadero de Fuente Obejuna, Restaurante Río Grande y Samec; mientras que otros cinco millones procederían de las "sobrecomisiones" abonadas en esas pólizas o de las indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que según dijo en su día el fiscal deberían "haber aminorado" la contribución de la Junta al pago de las primas contratadas por el entramado de Lanzas.

Los dos abogados imputados coincidieron en afirmar que el ex sindicalista Juan Lanzas era un "colaborador del despacho" que se ocupaba de la captación de clientes, si bien indicaron que la relación que tenía con el bufete era de tipo mercantil, no laboral. José Luis Leal Bonmati, que fue uno de los detenidos en la primera fase de la operación Heracles desarrollada en marzo pasado, responsabilizó a su hermano de la gestión del bufete, ya que, según afirmó "todo lo llevaba" Carlos Leal, que quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros. Por su parte, Alfredo Jiménez explicó que prácticamente desde la fundación del despacho, en el año 1993, ha estado trabajando todas las semanas fuera de Sevilla e incluso ha dicho que en todo este tiempo solo asistió a un único juicio laboral en Málaga, indicaron fuentes del caso.

La juez Alaya sostuvo en el auto en el que dejó libre a Carlos Leal que, a través de las facturas elaboradas por uno de los testaferros de Lanzas, este letrado "blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas" por el ex sindicalista, todo ello a cambio de la "contraprestación oportuna", que para la juez no es otra que el binomio "clientes y dinero", dado que el testaferro Eduardo Leal del Real entregaría "sobres con dinero" a Carlos Leal. La magistrada insistió en que el bufete se habría convertido en un centro de blanqueo de las ganancias de "su empleado", en alusión a Lanzas, elaborando facturas falsas con la finalidad de "borrar el origen ilícito del dinero obtenido por éste, basado en comisiones ilícitas por su presunto tráfico de influencias, gran parte de las cuales tendrían su origen en fondos públicos". Para la juez, era tal la "cobertura a todos los niveles" que ofrecía Villasís a Lanzas que "sólo puede pensarse en una distribución de ganancias entre ambos".

Para la juez, Leal era además "conocedor y beneficiario de las sobrecomisiones" que las mediadoras Vitalia y Uniter cobraban de la Junta, que reportaron "pingües beneficios" para Lanzas, del orden de 13 millones de euros. La magistrada también tomó declaración a María Antonia Carrasco, mujer de Carlos Leal, que está imputada por cuatro delitos -malversación, cohecho, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública- y que se acogió a su derecho a no declarar.

Otra imputada, Olga Pascual Moreno, jefa del departamento de contabilidad de Vitalia, aseguró que cumplía las instrucciones que le daba uno de los directivos de la consultora, Eduardo Pascual, que sigue en prisión provisional. Por último, Alaya tomó declaración a Eva Domínguez, una trabajadora de Vitalia que fue hasta 2005 secretaria del ex director general de la consultora Antonio Albarracín.