El incumplimiento de la ley de Dependencia sigue dejando a los más vulnerables sin una asistencia a la que tienen derecho. Hasta el día 30 de noviembre y, según los datos actualizados del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, el número de solicitudes recibidas en la comunidad para solicitar una prestación acogida a esta ley ascendía a 399.372. El número de personas beneficiarias con prestación hasta la fecha asciende a 228.118, por lo que 58.023 personas que tienen derecho a prestación están pendientes de recibirlas.

Según las mismas fuentes, desde el 1 de enero al 30 de noviembre de este año han fallecido 24.321 beneficiarios y han disminuido las prestaciones en 33.751. El total de solicitudes de personas fallecidas ascendía a 37.994 y las prestaciones sin valorar de personas muertas, a 4.918. 

Unas cifras "de la vergüenza", según la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), que lamenta que desde la aprobación de la Ley de Dependencia hace 14 años, "ningún gobierno haya tenido la más mínima intención de cumplirla". De hecho, destacan en FOAM, "nunca se le ha dotado de los fondos suficientes para el cumplimiento de su principal objetivo que no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía".

En este sentido, el presidente de FOMA, Martín Durán, afirma que  es una situación que "se repite año tras año" con "miles de solicitudes sin atender y miles de personas con su prestación reconocida y que no llegan a recibir porque fallecen antes de hacerse efectiva". 

"Lo que hay que hacer es revertir los recortes que se han producido a través de los reales decretos, sobre todo el de julio de 2012, que fue una auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia. Pero no sólo los que afectan a la financiación, también los que afectan a los derechos. A partir de ahí hay que cumplir una ley donde los beneficiarios van a recibir unas prestaciones o servicios que se deben adaptar las necesidades que plantean las personas que se encuentran en situación de dependencia. Desde luego, no estamos de acuerdo con algunas voces que hablan de que hay que volver a negociar o a renegociar o reformular la Ley de Dependencia. Lo que hay que hacer es recuperar los recortes en cuanto a financiación y derechos y cumplir la ley", plantea Durán.