El ex tesorero de UGT-A cae en una operación contra las facturas falsas

La Guardia Civil detuvo ayer a 14 personas implicadas presuntamente en la financiación irregular del sindicato UGT-A, organización a la que pertenecen o han pertenecido tres de las personas arrestadas, entre ellas el que fuera tesorero del sindicato durante casi una década, Federico Fresneda, y la directora de compras, Dolores Sánchez Montaño. La segunda fase de la operación Cirene, que se inició en diciembre pasado con el registro y la incautación de abundante documentación en la sede de UGT-A, comenzó a primera hora de la maña, con una serie de registros y arrestos coordinados por el titular del juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga bajo secreto de sumario el escándalo de las facturas falsas relacionado con el sindicato después de que la Audiencia de Sevilla arrebatara la causa a la juez Mercedes Alaya.

La operación materializada por el grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó a cabo en cuatro provincias, aunque el grueso del dispositivo se desarrolló en Sevilla, donde fueron detenidas siete personas y se practicaron seis registros en viviendas y empresas que emitieron facturas al sindicato. Otras cinco personas fueron detenidas en Madrid, y una más en Jaén, mientras que Federico Fresneda, que fue tesorero de UGT-A entre 2005 y 2013, fue capturado en Tenerife (Canarias), donde disfrutaba de unas vacaciones.

La Guardia Civil informó ayer de que los 14 detenidos hasta el momento -la operación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos- están imputados por un delito de fraude en subvenciones públicas, una investigación que se centra en las ayudas concedidas por la Junta para cursos de formación en los últimos 12 años.

El pasado 19 de diciembre, los agentes de la UCO registraron la sede de UGT-A en Sevilla y se practicaron las primeras declaraciones para esclarecer los hechos. El análisis de la documentación intervenida en ese registro, así como el contenido de las declaraciones y otras diligencias, han propiciado, según la Guardia Civil, la acumulación de indicios sobre determinadas personas que serían responsables en distintos grados de un delito de fraude de subvenciones.

Las investigaciones han revelado diversos métodos que habrían sido utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines distintos, en este caso, a una presunta "financiación del propio sindicato", hasta el punto de que esta práctica ilícita sería la vía "más importante en la financiación" de la organización sindical. La Guardia Civil añade que estos procedimientos fueron ejecutados por personal que trabajaba para la UGT-A, que estaba dirigido por el que fuera responsable de Administración y Recursos Humanos, Federico Fresneda.

Los agentes sostienen que el fraude se realizaba de manera sistemática, "año tras año", y que el mecanismo fue "perfeccionado en el transcurso del tiempo". Básicamente el proceso consistía en la elaboración de facturas falsas para que el sindicato pudiera presentarlas a la hora de justificar las subvenciones concedidas por la Junta, lo que habría conducido a que gran parte de la facturación fuese "totalmente falsa", según precisaron fuentes del caso.

Otras fuentes consultadas por este periódico explicaron que durante la instrucción de esta causa se han practicado en los últimos meses diversos pinchazos telefónicos a Federico Fresneda y a otros miembros del sindicato, así como varios seguimientos policiales de estas personas. En esas escuchas, varios ex responsables del sindicato habrían mostrado su preocupación por el curso de las investigaciones hasta que, en un momento dado, como suele ocurrir en estos casos, se percataron de que sus teléfonos podrían estar intervenidos y ya no hubo más conversaciones de interés para las investigaciones.

En mayo pasado, la Guardia Civil se incautó de numerosos expedientes de justificación de subvenciones para formación en la sede de la Dirección General de formación de la Junta.

En el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla recayó la denuncia presentada en agosto de 2013 por el sindicato Manos Limpias contra responsables de UGT-A por falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento. A ésta siguieron otras denuncias por cargar a la Junta el pago de una cena para 150 personas en la caseta de la Feria de Abril de 2010 o el pago de unos maletines falsificados en China.

Hasta el momento, la Junta de Andalucía ha reclamado la devolución de al menos dos subvenciones concedidas al sindicato, por importe total de 1,8 millones de euros, aunque ha abierto procedimientos de reintegro relacionados con otros 19 expedientes que ascienden a 15,2 millones.

Los detenidos pasarán probablemente a disposición judicial entre mañana y el próximo viernes.