Juicio de los ERE

Un testigo niega presiones de Chaves para que se solventara un conflicto laboral

  • Considera una "expresión genérica" que se pidiera a Empleo que se solucionara el problema de Bilore antes de la visita del presidente

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El que fuera director de área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia de la Junta Antonio Jesús Mena Calvente ha negado este miércoles en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que el entonces presidente Manuel Chaves presionara a la Consejería de Empleo para que se solventara el conflicto laboral de la empresa Bilore de Lucena (Córdoba).

En su declaración en la fase de instrucción de la causa, el ex director de Trabajo Javier Guerrero había afirmado que recibió presiones y órdenes para que se concedieran determinadas ayudas, entre las que puso como ejemplo el caso de Bilore y el de la industria auxiliar naval de Cádiz, y así el principal imputado en la causa explicó que en 2003 recibió una directriz por escrito del gabinete de la Presidencia de Manuel Chaves en la que se le "ordenaba que arreglara el conflicto de Bilore" porque el presidente de la Junta iba a visitar la localidad de Lucena.

Antonio Jesús Mena Calvente, que se encargaba de la atención al ciudadano, ha reconocido este miércoles en su declaración que el 12 de febrero de 2004 remitió desde su departamento un fax al jefe de gabinete de Empleo Carlos Márquez, en el que se adjuntaba una carta que previamente los trabajadores de Bilore habían entregado a Chaves durante una visita el día anterior a Osuna (Sevilla), y en la que se comunicaba que "en fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encausado la problemática planteada para evitar encontrarnos con la situación de ayer".

Según el testigo, esas afirmaciones constituían una "expresión genérica" que no tenía mayor relevancia. El fax iba acompañado de la carta que le habían entregado al presidente los trabajadores de la empresa, en la cual señalaban que no sabían si Chaves había sido informado de la cuestión y solicitaban que se les explicara el contenido de las reuniones que habían tenido con el director de Trabajo.

Ante la Guardia Civil, el testigo precisó que ese párrafo lo escribió él "sin haber recibido ninguna orden", añadiendo que era una "coletilla que pone habitualmente, sin ser una orden porque no tiene competencias para dar órdenes". En cualquier caso, negó "en absoluto" que ese fax pudiera considerarse como una "orden directa a la Consejería de Empleo" para que resolviera el problema. Y sobre el hecho de que se enviara a Empleo aclaró que fue porque era la consejería "competente", algo que hacían habitualmente al derivar los asuntos a las distintas consejerías.

El asunto de este documento fue planteado por la Fiscalía Anticorrupción con motivo de la declaración, en abril pasado, del propio ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a quien el representante del Ministerio Público preguntó si en alguna ocasión dio instrucciones para que se buscara una solución ante una visita que iba a realizar a alguna localidad afectada por un problema, algo que Chaves rechazó tajantemente al afirmar que "nunca" dio instrucciones de ese tipo.

En la sesión de hoy también han declarado dos ex trabajadores de Bilore, Francisco León Molinero  y Juan Antonio Peñalver, quienes han reconocido que tuvieron reuniones con Guerrero para intentar reactivar la actividad de la empresa, que tenía en Lucena más de 50 trabajadores, y han explicado que llegaron a reunirse en una ocasión con Chaves durante la visita al pueblo, a quien le plantearon precisamente la idea de crear una cooperativa para continuar con la actividad de la empresa, que había cerrado a finales de 2003.

Chaves estuvo acompañado por los entonces consejeros José Antonio Griñán y Antonio Fernández cuando se reunión en Lucena con los trabajadores de Bilore

En esa visita a Lucena, Chaves estuvo acompañado de los entonces consejeros de Economía y Empleo, José Antonio Griñán y Antonio Fernández, respectivamente, según declaró uno de los testigos ante la Guardia Civil.

La mayor parte de estos trabajadores recibieron ayudas del Ministerio de Trabajo para las prejubilaciones, que se concretaron a finales de 2004, mientras que los últimos cinco se acogieron a prejubilaciones que pagó la Junta en el año 2007. En ambos casos, según estos testigos, las organizaciones sindicales se encargaron de la tramitación de las prejubilaciones y ellos no eligieron a las compañías con las que se suscribieron las pólizas para el pago de las ayudas.

Guerrero también aseguró en sus declaraciones policiales que el ex viceconsejero Agustín Barberá le realizó otra indicación en los mismos términos para que resolviera el conflicto de la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que según Guerrero provocó un incremento de 26 millones en el presupuesto que la dirección de Trabajo y Seguridad Social no tenía.

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