Una veintena de letrados de la Junta apoyan a un imputado en los ERE

Una veintena de letrados adscritos al servicio jurídico de la Junta de Andalucía acudieron ayer a los juzgados de Sevilla para mostrar su apoyo al jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo Antonio Lamela Cabrera, uno de los últimos 20 imputados por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE fraudulentos. Los abogados del servicio jurídico de la Junta explicaron a los periodistas que están convencidos de la "honorabilidad y absoluta legalidad" en la actuación de Antonio Lamela, por lo que han querido mostrar de esta forma su apoyo al letrado.

En su comparecencia ante la juez, Antonio Lamela se acogió a su derecho constitucional a no declarar, al igual que han hecho otros tantos imputados que han desfilado esta semana por el despacho de la juez Alaya. Al término de la comparecencia, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones han solicitado ninguna medida cautelar para Antonio Lamela, aunque sí reclamaron para algunos intrusos fianzas de responsabilidad civil acordes con el importe de las pólizas que recibieron más el tercio legal.

Alaya imputó a Antonio Lamela por las ayudas concedidas el 17 de noviembre de 2011 por importe de 5.026.425,51 euros a Astilleros de Huelva, una subvención excepcional que fue pagada el 27 de diciembre de ese año y al margen de la orden de 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas sociolaborales.

La Intervención delegada en la Consejería de Empleo, según precisó Alaya en un reciente auto, emitió un reparo por la ausencia de aplicación de esa orden y exigió que se le diera al expediente la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad. Ese informe, de fecha 15 de septiembre de 2011, fue elaborado por el jefe de la asesoría jurídica "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y siguiendo "indiciariamente las instrucciones políticas" de éste último, del que dependía jerárquicamente, sostuvo la instructora.

Según la acusación particular que ejerce el PP, el artículo 13 de la Ley de Subvenciones no permite la concesión de ayudas a una empresa en concurso de acreedores, como ocurría con Astilleros, y, de hecho, ayer dejó constancia de una pregunta en este sentido al letrado de Empleo.

Alaya critica que el informe justifica la inaplicabilidad de la orden bajo el "peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarla los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros". Para la juez, el razonamiento era cuanto menos "paradójico", pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado "más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas la superación de una fase preliminar y que la misma se iniciara a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes".