Un juez investiga a Monteseirín por el reingreso de Castaño en DeSevilla

El juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha abierto diligencias previas para investigar al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, en relación con el reingreso de su estrecho colaborador y ex asesor de grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla).

La apertura de esta causa se produce a raíz de una providencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el pasado 2 de febrero remitió al juzgado de Guardia de Sevilla testimonio de la sentencia dictada en diciembre pasado -en la que se desestimó un recurso de Castaño que reclama una mayor indemnización tras su despido-, dado que a juicio de los magistrados del tribunal andaluz los hechos relatados pueden ser constitutivos de esos delitos. La providencia señala, en concreto, que de los mismos serían "presuntos autores", entre otros, Alfredo Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño y el secretario del patronato de la Fundación en diciembre de 2010.

La apertura de esta investigación se produce después de que la Fundación DeSevilla haya solicitado en varias ocasiones la imputación de Monteseirín en otro juzgado, el de Instrucción número 16, que investiga las irregularidades relacionadas con las ayudas concedidas por el Ayuntamiento y la gestión de los anteriores gestores. El juez de Instrucción 14, Manuel Centeno Campoy, debe determinar ahora si es competente para instruir este caso o ya hay otro juzgado que investiga hechos similares y por tanto podrían acumularse ambas investigaciones.

La última vez que la Fundación solicitó al juez del 16 que se cite a declarar como imputado al ex alcalde fue precisamente en diciembre pasado, una vez dictada la sentencia del TSJA por el despido de Castaño. El juez de Instrucción número 16 ha pedido precisamente a la Fiscalía, en una providencia dictada el pasado 5 de febrero, que informe sobre la nueva petición de la Fundación de imputar al ex regidor hispalense.

No es la primera vez que DeSevilla -en el actual mandato de Juan Ignacio Zoido (PP)- intenta que se impute en este procedimiento al ex alcalde socialista, algo que en mayo pasado ya rechazó este mismo juez en una providencia en la que asumió la tesis de la Fiscalía. El fiscal se opuso a la imputación al entender que actualmente no se deducen indicios contra el anterior regidor o contra los patronos, a pesar de la declaración del interventor del Ayuntamiento y del atestado de la Guardia Civil que apuntaba a la posible existencia de un delito por parte de Monteseirín y de los patronos porque conocían la situación económica de la Fundación y "no tomaron medidas" para solucionarla.

La nueva petición de implicar a Monteseirín en la causa judicial se produce después de que el TSJA haya apreciado un posible delito en la reincoporación de Castaño y, en principio, no guarda relación con la investigación que desde el año 2012 lleva a cabo el juzgado número 16.

El Alto Tribunal andaluz argumenta en la sentencia que el 26 de mayo de 2011 Alfredo Sánchez Monteseirín, entonces presidente de la Fundación, solicitó al gerente que tramitase la incorporación de Castaño a partir del 1 de junio, adscribiéndolo a la asesoría jurídica, con la categoría del grupo III en el convenio colectivo y con un salario anual de 35.000 euros.

Sólo unos días después, el 3 de junio, la Fundación solicitó de la Delegación provincial de Empleo la autorización de un ERE para la extinción de 12 de los 22 trabajadores de la Fundación, conforme a un acuerdo del 2 de junio de 2011 con la representación de los trabajadores y que culminaba el periodo de negociaciones que se había iniciado el 23 de mayo.

Analizados estos hechos, los magistrados del TSJA consideraron que cabe inferir de los mismos "un hacer que podría ser constitutivo de delito" y, en este sentido, señalaron que así se desprende de un informe del secretario del patronato de la fundación "en el que consideraba que el actor [en alusión a Castaño] inició el disfrute de excedencia el 16 de septiembre de 2007, que le fue tácitamente concedida y que permanecía en ella" cuando en fechas anteriores la misma fundación había denegado el reingreso. Esto "supuso o que hubo un despido o que se negaba toda relación laboral con la misma", sin que el actor hubiera reaccionado, y sin embargo "se le reconoce por la Fundación, previo informe de su secretario, que estaba en excedencia 'tácita' -figura inexistente en el ordenamiento jurídico-" y pocos días después se inicia el ERE cuando "ocho días antes" Monteseirín ordenó la incorporación de Castaño a la Fundación, dando cumplimiento a esta orden el gerente. Una vez liquidada la Fundación, Castaño fue despedido obteniendo la indemnización por despido objetivo.