El ex edil Carlos Vázquez pide al juez que expulse de la causa a DeSevilla

El ex concejal de IU en el Ayuntamiento Carlos Vázquez, imputado en la causa de la Fundación DeSevilla, ha solicitado al juez de Instrucción número 16 que expulse del procedimiento a la acusación particular que ejerce la Fundación, al considerar que su personación es "ilegal" por cuanto se trata de una sociedad disuelta y en proceso de liquidación, por lo que entiende que se trata de una utilización "política" de los tribunales con la que se busca condicionar la presentación de determinados candidatos en las próximas elecciones.

La defensa del ex edil ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que, citando una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2014, señala que "no se pueden convertir los juzgados y tribunales en foros de discusión y ataque político y mediático". Según han confirmado fuentes judiciales, el abogado Alberto Revuelta, que representa al ex concejal, asegura en su escrito que los "abusos" en trasladar a los juzgados el combate entre adversarios políticos no son más que "intentos de obtener inhabilitaciones" para el ejercicio de cargos públicos, cuando no la mera imputación para "estigmatizar" a los propios adversarios". La defensa considera que este es el objetivo de todo el "aparataje de informes, documentos y acuerdo que sólo tienen un fin: condicionar la presentación en las próximas elecciones de determinados candidatos".

Dice la representación de Carlos Vázquez que bastaría con haber permitido que continuara el curso administrativo por los cauces internos de la Administración municipal, y en su caso, ante la jurisdicción Contencioso-administrativa del expediente de reintegro aprobado por el Pleno en abril de 2011, con el apoyo de los concejales del PP, para "haber evitado este proceso penal, con el ahorro de costes, personal, perjuicios mediáticos y otras gabelas".

El escrito recuerda que el patronato de la Fundación DeSevilla acordó el 20 de octubre de 2011 la disolución de la Fundación, y el Pleno municipal del 28 de octubre decidió la disolución y la liquidación, por lo que a partir de ese día la Fundación "se halla disuelta y en liquidación".

De este modo, según la defensa de Vázquez, sólo el Protectorado de Fundaciones de Andalucía está legitimado para ejercitar la acción de responsabilidad de los patronos en el supuesto de que se encontraran indicios de responsabilidad penal. El artículo 43.1 de la ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad Autónoma establece que "el Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación".

A su juicio, el actual patrono de la Fundación "violó frontalmente" este artículo, al haber contraído con fecha 9 de noviembre de 2012 una "nueva obligación contraria a la ley, cual era la de encomendar la preparación e interposición de denuncia contra los miembros del Patronato anterior que conlleva necesariamente los gastos de abono de minutas, obligación estrictamente prohibida por la legislación citada". Por todo ello, la presencia como acusación particular de la Fundación DeSevilla "es ilegal" y pide al juez que acuerde su "expulsión inmediata" del procedimiento.

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las irregularidades de la Fundación, ha dictado una providencia en la que señala que "una vez instruida la causa se acordará lo procedente" sobre esta petición.

La Fundación DeSevilla, había pedido al juez que tomara declaración como imputados no sólo al ex alcalde, sino a toda su junta de gobierno y a otros responsables municipales. La acusación particular entendía que sin la intervención de Sánchez Monteseirín y los concejales asistentes a la junta de gobierno local del 20 de abril de 2011 "habría sido imposible la consumación de los hechos delictivos en torno al expediente 98/08". La fundación pidió la imputación de Monteseirín, así como de los ex concejales Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez.

En su declaración ante el juez, el interventor del Ayuntamiento José Miguel Braojos aseguró que la junta de gobierno local aprobó una subvención de 990.000 euros a la Fundación "a sabiendas" y "sin corregir las discrepancias, observaciones y reparos" que se habían detectado en dicho expediente. De esa cantidad, la fundación cobró 742.500 euros y posteriormente renunció a la subvención, pero no devolvió ese importe ni se inició el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda.

Una causa con tres imputados, dos de ellos ex ediles de IU

En la causa abierta por las irregularidades en la Fundación DeSevilla que investiga el juzgado número 16 están imputados actualmente el ex portavoz municipal de IU y ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, el ex delegado de Economía Carlos Vázquez, y el ex gerente de la propia Fundación Miguel López Adán. El ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos declaró en noviembre de 2013 ante el juez, al que dijo que "nunca" quiso perdonar la ayuda de 742.000 euros. Torrijos admitió que conocía las dificultades financieras de la Fundación y a pesar de ello propuso que se le concedieran más subvenciones para proyectos de cooperación sobre los que "ignoraba" su destino. Ésta fue la base de la argumentación que el ex primer teniente de alcalde desplegó ante el juez. A pesar de que fue la Delegación de Relaciones Institucionales la que abrió los expedientes, Torrijos elevó las posibles responsabilidades a la Junta de Gobierno local elevó las posibles responsabilidades a la junta de gobierno local, donde se aprobaron por "unanimidad" las ayudas. Según su testimonio, nunca pretendió "ocultar, perdonar o evitar" el pago de los 742.500 euros que se abonaron -como parte de una subvención de 990.000 euros- al declarar "concluso" el expediente sin iniciar el proceso de reintegro.