Las principales filiales del grupo Abengoa han reabierto sus hojas registrales e inscrito a nuevos representantes de la propiedad en sustitución del dimitido Joaquín Fernández de Piérola, ex director general del grupo y que constaba como persona física representante de las distintas sociedades del holding. En bastantes de los casos se ha nombrado a Juan Pablo López-Bravo, el presidente del grupo.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil ha publicado en los últimos días la presentación de certificados que justifican que no se hayan depositado las cuentas de estas sociedades en el plazo legalmente previsto, por lo que las hojas registrales estaban cerradas a nuevas inscripciones desde el pasado 31 de diciembre.

Para poder abrirlas, Abengoa y sus administradores han certificado que la falta de depósito de las respectivas cuentas de cada sociedad se debe a que éstas, aunque se formularon a comienzos de año, siguen sin estar aprobadas.

Las hojas registrales estaban cerradas por no presentar las cuentas, pero basta justificar que no se han aprobado para pedir que se reabran. Y es lo que ha hecho la multinacional sevillana, según confirmó el administrador concursal, EY Abogados.

Y si no están aprobadas en el caso del grupo Abengoa es porque los dos últimos consejos de administración, los presididos por Gonzalo Urquijo y por López-Bravo, se han negado a convocar la junta general ordinaria del ejercicio de 2019.

La situación, aunque resulte chocante porque legitima a las sociedades incumplidoras, se basa en la resolución del 22 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que en base al artículo 378.7 del Reglamento del Registro Mercantil permite el levantamiento del cierre registral cuando en cualquier momento se acredite la falta de aprobación de las cuentas anuales. Además, en el caso de Abengoa, la junta que debe aprobar las cuentas de 2019 ha sido convocada, aunque sin fecha, por el propio Registro Mercantil a instancias de un accionista, que solicitó precisamente la convocatoria por haberse incumplido el plazo. El Registro dejó en manos de EY la elección de la fecha, pero no podrá ser más tarde del 30 de septiembre