El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

La norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que está aún por definir.

Asimismo, introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal

Estas medidas, acordadas con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio. Ahora, la previsión es que el primer Consejo de Ministros tras el parón estival apruebe estas medidas como proyecto de ley para iniciar su tramitación en las Cortes, según informaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno ya ha avanzado su intención de ampliarla con más medidas durante su tramitación parlamentaria.

Es el caso, por ejemplo, del nuevo factor de equidad intergeneracional, para el cual Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Este nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027, se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo.

En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.

Entre las medidas dirigidas a retrasar la edad de jubilación, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, no trimestrales, y solamente haya períodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.

En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses.

Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024. Por otro lado, en los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se pasarán a aplicar en determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el que había hasta ahora.