Nuevo impuesto para las grandes superficies en 2013

A partir del año que viene, las grandes superficies comerciales minoristas se verán afectadas por un nuevo impuesto que gravará los impactos negativos que estos establecimientos generan sobre el medio ambiente, la ordenación del territorio, infraestructuras públicas y el tejido económico de los núcleos urbanos. Esta será una de las medidas que prepara el Ejecutivo andaluz para paliar los recortes y subidas de impuestos desarrollados por el Gobierno central, según explicó el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez.

A este respecto, el consejero anunció en sesión parlamentaria que este impuesto, existente en otras comunidades como Cataluña, Asturias, Aragón o Canarias, tiene una "finalidad extrafiscal", de forma que la recaudación "se destinará íntegramente a las pequeñas y medianas empresas comerciales". Por tanto, afirmó que la naturaleza de este instrumento impositivo "responde a criterios justos, solidarios, progresivos y, además, no merma el consumo ni la demanda".

Por su parte, la directora general de Comercio, Carmen Cantero, aclaró que la Consejería trabaja ya en la elaboración de esta nueva carga impositiva, que entrará en vigor en 2013, y explicó que el nuevo gravamen ha sido concebido como "medida para la mejora de la competitividad de las pymes comerciales y para paliar los efectos de la subida del IVA y de la liberalización de horarios", decretada por el Gobierno central, y cuya recaudación irá destinada al desarrollo de programas de mejora de los pequeños y medianos establecimientos comerciales a través de programas y líneas contempladas en el IV Plan Integral de Comercio Interior.

Por otra parte, durante su comparecencia, Rafael Rodríguez advirtió que la aplicación de las medidas recogidas en el Real Decreto 20/2012, como la subida del IVA o la liberalización de calendarios y horarios comerciales, "afectarán gravemente" al turismo y el comercio, dos sectores que, según recordó, "son estratégicos para la economía andaluza".

En este sentido, rechazó la "funesta" promulgación de la citada norma, porque, a su juicio, "pide aún más esfuerzo a los ya maltratados hogares y familias de este país, porque arroja un jarro de agua fría sobre el sector económico que está amortiguando la crisis, el turismo, y porque pone a caminar a pequeños y medianos comercios sobre una frágil y delgada cuerda floja".

A su juicio, las medidas liberalizadoras en el sector de la distribución comercial rompen el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores y "distorsionan la convivencia de formatos existentes a favor de las grandes superficies en detrimento de las pymes".

Además de suponer la ruptura del modelo de consenso y de los perjuicios para las pymes comerciales de la comunidad, el consejero afirmó que la implantación de la norma estatal "vulnera los principios y fundamentos de nuestro marco competencial autonómico, ya que se lleva a cabo desde el más claro conocimiento de inconstitucionalidad".