Sector naval

El TJUE anula la sentencia que daba la razón a España en las ayudas a los astilleros

  • La CE pidió que el sector naval devolviera los incentivos fiscales desde 2007 a 2011.

Instalaciones de Navantia en Cádiz. Instalaciones de Navantia en Cádiz.

Instalaciones de Navantia en Cádiz. / Jesús Marín

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la sentencia del Tribunal General que dio la razón a España en el caso de las ayudas fiscales al sector naval nacional, y pidió a esta corte que vuelva a examinar el litigio para determinar si debe devolverlas como solicita la Comisión Europea.

En 2013 la Comisión había ordenado a España recuperar las ayudas fiscales concedidas al sector naval entre 2007 y 2011 por considerarlas ilegales, pero en 2015 el Tribunal General anuló esta decisión. El Ejecutivo comunitario recurrió entonces ante el TJUE, la máxima instancia judicial comunitaria, que hoy le ha dado la razón pero ordenó devolver el litigio al Tribunal General para que lo juzgue de nuevo.

La decisión del TJUE se refiere al litigio iniciado en 2006, cuando la Comisión Europea recibió distintas denuncias, principalmente del sector de la construcción naval de otros Estados miembros, contra el “sistema español de arrendamiento fiscal”.

En ellas se decía que ese sistema permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20% y un 30% y provocaba así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes.

El 17 de julio de 2013, la CE estimó que ciertas medidas fiscales incluidas en ese sistema constituían una ayuda de Estado ilegal y eran parcialmente incompatibles con el mercado interior.

Por ello, el servicio del entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ordenó que se recuperara la ayuda únicamente de los inversores que se hubieran beneficiado de las ventajas en cuestión. Bruselas pidió solo el reembolso de las bonificaciones entre mayo de 2007 y 2011 y no el de las ayudas concedidas entre el comienzo del régimen en 2002 y el 30 de abril de 2007, cuando la CE declaró públicamente incompatible una medida francesa similar.

Su decisión fue más favorable que la planteada inicialmente, que exigía la devolución de las ayudas entre 2005 y 2011.

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