Las administraciones deberán tener aprobadas y publicadas en sus boletines oficiales antes de que termine el año las 300.000 ofertas de empleo público relativas al proceso de estabilización puesto en marcha por el Gobierno.

Así se desprende del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este jueves.

Para evitar dilaciones en este proceso de estabilización, la norma obliga además a las administraciones a publicar sus respectivas convocatorias de empleo público antes del 31 de diciembre de 2022 y a tener finalizados los procesos de adjudicación antes de que termine 2024.

Una reforma de este calado ha de tener muy en cuenta a la administración local, dice el texto, introduciendo medidas que faciliten el desarrollo de sus procesos de selección. De esta forma, permite a los más pequeños encomendar la gestión material de la selección de su personal funcionario de carrera o laboral fijo a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, entes supramunicipales u órganos equivalentes en las comunidades autónomas uniprovinciales. Los municipios podrán también encomendar, en los mismos términos, la gestión material de la selección del personal interino y laboral temporal.

Aunque los cambios en la normativa no afectan a los procesos ya puestos en marcha, sí que obliga a las respectivas administraciones a tenerlos concluidos antes del 31 de diciembre de 2024.

El objetivo de esta reforma, añade el texto, es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas.