El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional sin fianza para el ex presidente de Banesto, Mario Conde, y para su abogado, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario. Conde, sus dos hijos y otras cuatro personas están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. Para el hijo de Mario Conde y los otros tres acusados -Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek- Pedraz ha decretado comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.

Poco después de conocerse la decisión del juez, el letrado que representa a Mario Conde, Ignacio Peláez, ha calificado de "excesivas" las medidas cautelares adoptadas por el juez, y ha recordado que su defendido "siempre ha cumplido con sus obligaciones", ya que en otras ocasiones ha disfrutado del tercer grado penitenciario sin riesgo de fuga alguno. En el auto, Pedraz justifica su decisión de enviar a Conde a prisión por el riesgo de que, de permanecer en libertad, entorpezca una investigación que está bajo secreto de sumario, aunque no descarta reconsiderar en un futuro su decisión. Por lo que respecta a su hija, señala que "dada su situación familiar" en relación con su hijo, que el juez no especifica, puede sustituirse la prisión por el arresto domiciliario.

Entre otras cosas, el juez considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales en sendas cuentas corrientes de Catalunya Caixa controladas por Mario Conde y por su hija Alejandra. Asimismo, ha detectado tráfico de divisas y ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla, empresa pantalla a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito, algo para lo que también contaban con las sociedades Oleificio Español y Black Royal. En total, los fondos repatriados a España alcanzaron al parecer 13,06 millones de euros; de ellos 5,6 proceden de Gallox (Suiza), 1,3 de Higher (Reino Unido), 2,8 de Dryset (Reino Unido), 445.000 de Matoral (Países Bajos), 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo), 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes), 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos Arabes) y otros 2,28 millones en efectivo.

Alejandra Conde y su hermano son titulares al 50% de Black Royal, y entre las personas de la máxima confianza de los hermanos figura Francisco de Asís Cuesta Moreno, en tanto que el yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega Penichet, que fue puesto en libertad pero sigue en calidad de investigado, fue administrador único de Black Royal. En todo el entramado de sociedades utilizado por Conde para repatriar fondos del extranjero ha tenido un papel fundamental el abogado De la Vega, que ha participado "directa o indirectamente" en los negocios de la familia, según el auto.

María Cristina Fernández Álvarez, por su parte, ha figurado como administradora de Barnacla y de Oleificio Español, empresa pantalla supuestamente dedicada a la producción de productos relacionados con el aceite de oliva que también recibía fondos del extranjero de origen ilícito. Roland Stanek aparece como administrador único de Oleificio Español entre 2009 y 2014, periodo durante el cual esta empresa recibió 2,8 millones de euros procedentes de su matriz inglesa, y posteriormente transfirió fondos a otra compañía propiedad de los hijos de Mario Conde.

El ex banquero ha negado ante el juez todos los cargos que se le imputan, tras lo cual la Fiscalía pidió para él prisión incondicional. La fiscal Anticorrupción Elena Lorente había solicitado para el ex banquero, para su hija Alejandra y para el abogado Francisco Javier de la Vega prisión incondicional por el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga, en tanto que para su hijo, Mario Conde Jr, comparecencias semanales y la retirada del pasaporte. Tras negarse a prestar declaración ante la Guardia Civil, Conde sí ha hablado durante unos diez o quince minutos ante el juez, al que ha asegurado que los fondos repatriados no proceden del caso Banesto.

El abogado de Conde, Ignacio Peláez, ha dicho, a la salida del juzgado, que "todo ha ido bien", aunque ha considerado "exagerada" la petición de la Fiscalía solicitando la prisión incondicional, y ha asegurado que el ex banquero ha colaborado en todo momento con la justicia y ha facilitado toda la documentación que se le ha requerido, en una investigación que comenzó "hace un año y medio". Peláez, que ha indicado que ni el juez ni la fiscal "han preguntado mucho", ha señalado que "no le consta" que se encontraran en el domicilio de Conde 160.000 euros, como han asegurado los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que efectuaron los registros. Asimismo, ha explicado que se opone a la petición incondicional de prisión puesto que "no existe riesgo de fuga", ya que el ex banquero "ha disfrutado en otras ocasiones del tercer grado penitenciario y de permisos cuando ha estado en prisión, y nunca los ha quebrantado en otros casos importantes". La Fiscalía, por su parte, sí ha considerado que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Las investigaciones han desvelado que Conde repatrió 13 millones de euros saqueados de Banesto desde ocho países distintos desde 1999, a pesar de que se declaró insolvente para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus condenas e incluso pidió dinero para pagar fianzas para salir de la cárcel.