La deuda pública española se disparó más de un 5% en el segundo trimestre, según los datos provisionales publicados esta semana por el Banco de España, un repunte que, de confirmarse, sería el mayor desde el primer trimestre de 2013.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el mes de junio en el máximo histórico de 1,29 billones de euros después de sumar 65.744 millones desde el final de marzo, un periodo que coincide con la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas por el Gobierno para frenarla.

Este repunte intertrimestral, del 5,37%, es el mayor desde el del primer trimestre de 2013 (6,76%), en plena crisis financiera, que en aquel momento se achacó al calendario de emisiones y que estuvo muy ligado al endeudamiento autonómico.

El incremento del segundo trimestre de este año, en cambio, está más relacionado con la evolución de la deuda estatal, que es la más cuantiosa y crece un 5,9%, aunque hay administraciones con mayores incrementos porcentuales -del 25,1% en el caso de la Seguridad Social y del 9,5% en las corporaciones locales-.

A falta de la confirmación de los datos, todo indica que esta tendencia alcista ha situado la deuda pública española por encima del 100% del PIB, una cota que no superaba desde el primer trimestre de 2017 y que el Gobierno prevé que se rebase ampliamente al cierre del año, cuando alcanzará el 115,5% del PIB.

Este incremento de veinte puntos con respecto al cierre de 2019 (95,5% del PIB) está directamente relacionado con la pandemia, tanto por los costes asumidos para frenarla como por la contracción prevista del PIB, que supone automáticamente un aumento de la ratio.

Esta alza aleja cada vez más el objetivo europeo de situar la deuda pública por debajo del 60% del PIB, una meta que España no alcanzará al menos hasta 2050, incluso aunque logre atajar el déficit, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Para cubrir el coste de la pandemia, el pasado mes de mayo el Tesoro Público revisó su programa de financiación para este año, que elevó las necesidades de financiación, tanto brutas como netas, en unos 100.000 millones.

Las necesidades de financiación brutas para este año se estiman así en 297.657 millones de euros (196.504 millones a principios de año) y las netas -es decir, descontadas las amortizaciones-, en 130.000 millones.

Pese a ello, el Gobierno defiende que no hay problemas de financiación, que las emisiones tienen buena acogida, especialmente entre inversores extranjeros, y que los tipos de interés se mantienen bajos, por lo que no será necesario recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Según los datos del Tesoro Público, la vida media de la deuda en circulación era en julio más amplia que nunca (7,82 años) y los tipos de interés se mantienen en mínimos, por debajo del 2 %.

En mayo -que son los últimos datos disponibles-, casi la mitad de la deuda en circulación estaba en manos extranjeras.