Garzón deja en libertad a diez imputados por recibir fondos del PCTV

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, tomó declaración a diez de los 22 acusados de delitos terroristas por haber percibido presuntamente fondos procedentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), formación que el propio Garzón suspendió el pasado 8 de febrero. Los diez quedaron en libertad, sin medidas cautelares, después de negarse a contestar a las preguntas del juez y de la Fiscalía.

Garzón, que instruye esta investigación en el marco del sumario 4/08, en el que se investiga los vínculos de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, el PCTV y ANV con ETA, inició los interrogatorios el pasado lunes con la toma de declaración a otros seis imputados. Hoy fueron diez los encausados que prestaron declaración ante el magistrado por, según la documentación incautada por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, aparecer como beneficiarios de fondos procedentes del partido suspendido por su vinculación con la ilegalizada Batasuna y, por extensión, con el entramado de ETA.

Durante su comparecencia ante el magistrado los diez imputados en la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se negaron a declarar y fueron puestos en libertad sin que el instructor les impusiera ningún tipo de medida cautelar. El único incidente destacable lo protagonizó uno de los los miembros del PCTV que acudió a declarar y protestó ante Garzón por no disponer de un intérprete de euskera.

Entre los 22 citados por figurar como beneficiarios de los fondos del PCTV se encuentran los militantes del partido Joseba Zinkunegi y Joseba Gotzon Amaro, que ya fueron imputados de un delito de colaboración con organización terrorista por parte del juez Fernando Grande-Marlaska en el año 2005. También está imputado Miguel Ángel Gozalo Zuriarrain y al histórico miembro de la ilegalizada Batasuna Mikel Aznar.

Cuando Garzón decretó la suspensión de actividades del PCTV y de ANV señaló que los fondos que reciben ambas formaciones derivados de los cargos que ostentan en ayuntamientos, diputaciones y el Parlamento vasco se gestionan por "personas ajenas" vinculadas a Batasuna y a "la dirección única del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco constituida por ETA-EKIN". Esta dirección única sería la que gestionaran la denominada "caja única" que compartían Batasuna, ANV y el PCTV y que fue una de las principales líneas probatorias de los informes de la Policía y Guardia Civil para evidenciar la vinculación de estos dos últimos partidos con la formación ilegalizada.

En esta causa están imputados el presiente del PCTV, Juan Carlos Ramos, y los tesoreros de esta formación, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, por un delito de colaboración con banda armada, en referencia a ETA, y otro de asociación ilícita. Tanto Ramos como Aguirre ya fueron imputados en septiembre de 2005 por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se ocupó de esta causa cuando sustituyó a Garzón durante su estancia en Estados Unidos.

Marlaska también imputó por el delito de colaboración a los responsables de Comunicación del PCTV, Juan José Petrikorena y Peio Gálvez, al responsable de Formación, Eneitz Ugarte, y a los militantes Aritz Blázquez, Javier Ramos, Juan Manuel Rodríguez, Joseba Zinkunegi y Joseba Gotzon Amaro.