El Gobierno recuperará la universalidad en la sanidad pública con un decreto

Consejo de ministros

El Ejecutivo adoptará la medida en seis semanas. "Vamos a devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud", explica Celaá.

Da confianza a Planas, que "no tiene cuentas pendientes con la Justicia"

Gobierno intentará recuperar la universalidad en la sanidad pública

El Gobierno ha anunciado este viernes que derogará la reforma sanitaria del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para devolver el derecho a la sanidad universal.

Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha advertido de que es un asunto "extraordinariamente importante" para toda la sociedad y de "decencia política".

Celaá ha explicado que la reforma sanitaria se aprobó a través de un Real Decreto en abril de 2012, con lo que el Gobierno tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia, cuyo texto podría estar listo en seis semanas para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Posteriormente, según ha explicado, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.

"Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado", ha señalado Celaá.

La reforma sanitaria, aprobada con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, introdujo también nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaban a a los pensionistas.

Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos aprobaron iniciativas para aumentar la protección a los "sin papeles", que fueron recurridas por el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que éste revocó al considerar que este colectivo no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, como ha recordado la también ministra de Educación.

La portavoz ha augurado que una vez aprobada la nueva norma, "no habrá ninguna comunidad que la incumpla".

"Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado", ha dicho Celaá.

Gobierno da confianza a Planas, que "no tiene cuenta pendiente con justicia"

Celaá asegura que el Ejecutivo tiene "toda la confianza" en el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "no tiene cuentas pendientes con la justicia".

Celaá se ha referido a Planas tras conocerse ayer que el ministro está actualmente imputado en una causa por un posible delito contra el medio ambiente ocurrido en el entorno de Doñana.

Según la portavoz, Planas es un ministro "absolutamente de garantía", que ha trabajado "siempre" en el servicio público con "excelentes resultados".

Preguntada sobre si Pedro Sánchez lo cesará en el caso de que no se le retire la imputación, ha indicado que el Gobierno no se pondrá "en casos hipotéticos" porque "no hay ninguna hipótesis al respecto" ya que Planas, ha reiterado, "no tiene ninguna cuenta con la justicia y lo podrán ver".

El Gobierno "piensa que no se va a acusar" a Planas puesto que la Fiscalía "ya dijo desde el principio que no tenía relación con los hechos, no había intervenido y no tenía conocimiento de ellos".

Ha recordado la explicación dada ayer por el propio ministro, según la cual los hechos se remontan a finales de los años 90 cuando la Junta de Andalucía cedió una finca al Ayuntamiento de Almonte, que a su vez la transfirió a unos agricultores que supuestamente habrían realizado riegos ilegales cerca de Doñana.

Según Celaá, en la causa fue citado Planas, entre otros, y "dio todas las explicaciones necesarias hasta el punto que la Fiscalía ha asumido ya que el ministro no era competente, ni intervino en ningún expediente y que no tenía conocimiento de los hechos".