Diplomático y antequerano –es hijo predilecto–, Pablo García-Berdoy (1961) es un experto en la Unión Europea. De 2016 a 2021 fue Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), último cargo que desempeñó en Exteriores. En octubre de 2022 se incorporó a LLYC (la consultora Llorente y Cuenca) como asesor principal del área de Asuntos Europeos de la consultora y desde septiembre de este año es el líder de Asuntos Públicos.

–¿Qué balance hace del semestre de presidencia de turno del Consejo Europeo que ahora finaliza?

–Las Presidencias han cambiado de carácter y de importancia a partir del Tratado de Lisboa y ya no son lo que eran, desde el punto de vista del contenido y de la importancia. Sin embargo, desde un punto de vista práctico esta presidencia se ha visto muy lastrada por la convocatoria electoral y la provisionalidad que ha planeado en gran parte del semestre. Esto ha afectado mucho a los dosieres más políticos. Hay dos tipos de dosieres que controla la Presidencia, los técnicos, que esos han seguido su curso y han salido muchos de ellos adelante (procesos de trílogos con el Parlamento Europeo, procesos de toma de posición del Consejo) y han avanzado a su ritmo marcado por la Comisión y ayudados por profesionales que han hecho su trabajo, y los dosieres más políticos, que han sufrido gravemente la falta de atención a ese nivel que ha producido el calendario electoral. Vamos a ver qué pasa con la reforma de las reglas fiscales. 

–En el debate de ayer en la Eurocámara, en Estrasburgo, estuvo muy presente la amnistía. ¿Tiene España como país dificultad para explicar el cambio profundo que significa aprobar una ley de amnistía en democracia contra un proceso legal absolutamente ajustado al Código Penal?

–No querría entrar en el fondo porque no es mi propósito entrar a juzgar la posición de unos y otros. Tengo mi propia opinión, que me reservo. Yo lo que creo es que lo que ha cambiado, y eso es muy importante en Europa, y está cambiando, es el grado de presencia de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia en el análisis del Estado de Derecho de los Estados miembros. Es decir, lo que antes era impensable, que la Comisión entrara a valorar el funcionamiento de las instituciones, con la evolución de la propia Unión Europea, en particular con la ampliación del 2004, y las crisis que ha habido de Estado de Derecho en Polonia y Hungría, y en algún otro país como en Rumanía, precisamente con un caso de amnistía, ha hecho que la Comisión tenga un ojo mucho más atento y que el Tribunal de Justicia haya dictado ya decisiones importantes que afectan a la propia valoración del Estado de Derecho de los Estados. Lo que está sucediendo en España evidentemente entra en ese paquete. Las instituciones se están ocupando del análisis del Estado de Derecho en España y esto es un hecho muy lógico en una comunidad de valores como es la Unión Europea. Porque si la Justicia no funciona, el mercado interior no funciona. Si las instituciones no funcionan, no hay confianza entre los Estados miembros y entre sus instituciones. Todos los Estados miembros tienen que ser conscientes de que no son independientes para cambiar o alterar los equilibrios del Estado de Derecho en sus propios países. 

“No entro a valorar 
si la ley de amnistía pudiera ser frenada por una Comisión Europea muy proactiva”

–¿Pero, por su experiencia, usted ve capacidad para que la Comisión tome una decisión que altere el rumbo que tiene ahora mismo la ley de amnistía?

–No entro a valorar si la ley de amnistía pudiera ser frenada por una Comisión Europea muy proactiva. Como le digo, todo esto es un proceso que está empezando a desarrollarse desde hace muy pocos años. Es posible que los procedimientos internos no se vean afectados. Lo que hay que tener en cuenta es que todo esto forma parte de nuestro compromiso como socios europeos. Si en un momento dado –y no entro, insisto, a valorar– la Comisión Europea viera que hay una vulneración, por ejemplo, del principio de separación de poderes o de la igualdad entre los españoles, pues la manifestación de esa valoración tendría consecuencias evidentemente para la presencia y el peso de España como socio de la Unión. ¿Hasta dónde puede llegar? Eso es pronto para valorarlo. Primero porque no sé qué juicio va a hacer la Comisión al respecto. Y segundo, porque no hay unos instrumentos radicales que permitan frenarla. Lo estamos viendo en el caso de otros Estados miembros, las derivas no respetuosas con el Estado de Derecho de los Estados miembros. Vamos a ver cómo se desarrolla primero el proceso legislativo en España, que es muy importante, y el diálogo que con toda seguridad tiene que tener el Gobierno de España con la Comisión Europea.

–Antes de su etapa actual, participó en la gestación del Plan de Recuperación y Resiliencia. Andalucía es la comunidad autónoma que en volumen más fondos se le han asignado. ¿Qué balance hace de la ejecución del plan?

–Sí, el plan excepcional. Por primera vez la Unión Europea se endeuda para invertir y lo hace conjuntamente. Es un plan que está muy constreñido por una serie de requisitos. Primero, de rigor, de gestión y, después, de objetivos muy predeterminados. A mí lo que más me preocupa del plan es primero que funcione bien. Es decir, que los objetivos que se han diseñado sirvan para aumentar la productividad y mejorar el crecimiento económico, y todavía es muy pronto para valorarlo. Y lo segundo, que haya la suficiente transparencia y eficacia en las administraciones para gestionar esa enorme cantidad de dinero en tan poco tiempo. Es un reto para todos, para la administración pública y para la propia sociedad. Este plan tiene que salir bien, porque si no sale bien esta solución europea a las crisis no se va a volver a repetir y sería un drama para un país como España que no fuéramos ejemplares en la utilización de los fondos europeos, porque tendríamos muchas menos posibilidades de poder avanzar.

“Andalucía puede aprovechar su potencial con cooperación público-privada. La Junta lo 
está haciendo bien”

–Andalucía tiene un gobierno muy estable, con mayoría absoluta, y elementos dentro de los ejes que marca el plan respecto a sostenibilidad, economía verde y digitalización. ¿Cómo puede aprovechar todo el potencial?

–Lo fundamental es la cooperación público-privada y precisamente para Llorente y Cuenca es uno de los vectores más activos de nuestro trabajo, y especialmente en Andalucía. Es lo que queremos hacer con el sector empresarial andaluz. Y el objetivo mío hoy aquí en Sevilla, aparte de reclamarme como andaluz, que es lo que soy, es decirle a la sociedad, a todo el mundo empresarial andaluz, que tenemos capacidades técnicas para ayudarles a desarrollar proyectos que tienen viabilidad en el contexto no solo ya del plan de recuperación, sino de los fondos europeos en general, porque es un instrumento imprescindible en un contexto de consolidación presupuestaria como el que vamos a vivir para avanzar en los objetivos que la empresa andaluza se tiene que marcar. El Gobierno andaluz  creo que está planteando las cosas muy bien, en el sentido de que está viendo las prioridades. El tema de los recursos hídricos es, por supuesto, fundamental y ahí también es muy necesaria la inversión pública. Pero es que también vamos a tener problemas que abordar con la implementación de todas las ideas y los proyectos, las directivas y los reglamentos que hemos aprobado para garantizar la transición energética. Ya no sólo digo saltar a otros niveles de desarrollo en los ámbitos de sostenibilidad y digitales, sino tener capacidad de competir en el mercado global. Y hablo muy en particular del sector agroalimentario, que es un sector importantísimo en Andalucía, pero afecta a todos los sectores industriales.