Seis años de cárcel para un ex secretario judicial que se apropió 153.000 euros de fianzas
Cuatro abogados implicados en el caso fueron absueltos. La Fiscalía había pedido 23 años para el condenado, que trabajaba en un juzgado de Melilla.
Un ex secretario judicial de Melilla ha sido condenado a seis años de cárcel por apropiarse de dinero que los presos entregaban como fianza. Se quedó con un total de 153.000 euros, entre finales de 1990 y principios de 2000. Según el auto, queda probado que el acusado libraba mandamientos falsos de devolución de fianzas carcelarias a los letrados de acusados que sin embargo estaban en rebeldía en vez de ingresar ese dinero en el Tesoro Público. Además, cuatro abogados que también estaban implicados en la causa quedaron finalmente absueltos.
Rafael R. era en ese período secretario judicial sustituto del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla. Ha sido declarado culpable de falsedad en documentos oficiales, malversación de caudales públicos y estafa, y condenado a indemnizar al Estado con 53.189 euros "por las cantidades sustraídas y no reintegradas al erario público", además de a una multa de 3.600 euros y a seis años de inhabilitación especial.
El representante del Ministerio Público solicitaba 23 años de prisión para el que fuera secretario judicial, y penas que iban desde los once a los cinco años a los cuatro abogados, además de inhabilitación. Finalmente, los letrados, María del Carmen B., Abdelkader M., Antonio Z. y Felipe C., han sido absueltos por falta de pruebas. Según la sentencia, "en modo alguno se ha demostrado que ninguno de estos letrados haya actuado en connivencia con el señor R. para la comisión de ninguno de los delitos que se les imputaban". Aun así, la sentencia por el denominado 'Caso Fianzas' no es firme, y cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo.
Durante el proceso, el tribunal ha considerado probado que el condenado libraba mandamientos falsos de devolución de fianzas carcelarias a los letrados de acusados que sin embargo estaban en rebeldía, en vez de ingresar ese dinero en el Tesoro Público. De este modo se apropió de unos 153.000 euros, entre finales de 1990 y principios del año 2000, cuando se detectó la anomalía económica.
Los cuatro abogados absueltos estaban acusados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y estafa. La sentencia fue conocida ayer a mediodía. Los letrados han sido absueltos "con toda clase de pronunciamientos favorables de todos y cada uno de los delitos por los que venían siendo acusados".
La sentencia incluye el pago de una multa de 24 meses, a razón de cinco euros día (algo más de 3.600 euros), con apremio personal subsidiario de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que deje de satisfacer.
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