Las asociaciones judiciales exigen "respeto" para el juez José Castro, destacando su "trabajo concienzudo" y el "servicio público que está prestando a España".

Ante posibles presiones al magistrado, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explicaron a Europa Press que el amparo se concede a petición del interesado cuando siente perturbada su independencia judicial.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, dijo no compartir las manifestaciones de Vicente Martínez-Pujalte, que acusó a Castro de buscar protagonismo al imputar a la Infanta. Según Llarena, la decisión del instructor "se asienta en que, a su modo de ver, existen en el proceso sugerencias de que la Infanta puede haber tenido una participación en los hechos investigados". El curso de la investigación aclarará si "esas sugerencias son reales o no y, sin son reales, qué nivel de participación tuvo y si es verdaderamente comprometedora desde el punto de vista penal", agregó.

El presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, tildó de "ridículo" pensar que la imputación "tenga que ver con la marca España" y subrayó que la Casa Real, como alta institución del Estado, debe respetar las decisiones judiciales y fiscales sin hacer "ninguna valoración a favor ni en contra".

El portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), José Luis González Armengol, defendió que "una imputación" no significa una condena y que la presunción de inocencia sigue manteniéndose. "Como jueces imparciales, el Estado de Derecho marca que la Justicia es igual para todos", concluyó.

El portavoz de la asociación profesional Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, señaló por su parte que la decisión del juez Castro de imputar a la Infanta demuestra que la Justicia se aplica a todos los ciudadanos por igual "sin excepciones". En declaraciones a Efe, Bosch afirmó que se está limitando a "aplicar la ley, que es lo que ordena la Constitución".