El Ejecutivo se convirtió en uno de los principales afectados por la decisión de la Fiscalía de añadir la rebelión como uno de los delitos cometidos por la cúpula independentista, actualmente en prisión preventiva. Pedro Sánchez, quien contó con el voto favorable de los secesionistas para su investidura, no podrá volver a contar con ellos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Así lo anunció el vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, que declaró que el Gobierno no hizo ningún gesto en relación a los presos soberanistas y lanzó la siguiente advertencia: "Al no haber gesto ni movimiento por parte del Gobierno, es imposible un gesto o movimiento por nuestra parte", en referencia a los PGE.

Más contundente aún se mostró el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, quien declaró que, tras conocerse los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los dirigentes independentistas procesados, su negativa a los PGE es "aún más evidente"."No hay nada que negociar. Ya se espabilarán con sus presupuestos y con su política española", dijo Bonheví tras recordar que su partido apostó "por un cambio de Gobierno a cambio de nada", en alusión al apoyo dado por sus diputados en el Congreso a la moción de censura a Mariano Rajoy.

Los dedos acusadores estaban todos dirigidos al Gobierno. Si los partidos independentistas señalan a Pedro Sánchez por negarse a interceder en la rebaja de la petición de penas de la Fiscalía, extremo que el Gobierno califica de incoherente con el funcionamiento de un Estado de Derecho y la separación de poderes, PP y Ciudadanos hablaron de debilidad e injerencia sobre la Abogacía por rebajar el grado de los delitos. Antes tales declaraciones, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, negaron un cambio de criterio en la causa contra los líderes del procés o que haya habido alguna imposición a la Abogacía del Estado para que no los acuse de rebelión, la pena más grave. Así lo aseguraron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que Calvo fue interpelada por una entrevista al ahora presidente, Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo, en la que afirmó que creía que había existido un delito de rebelión.

Calvo precisó que tales declaraciones se produjeron antes de que Sánchez llegara a la Presidencia: "Nosotros somos ahora Gobierno, respondemos de la posición del Gobierno" y "como Gobierno -añadió- vamos a respetar el punto en el que entra este proceso" y la independencia judicial."No es cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales", dijo Delgado.