Tiene su interés y su atractivo, pero la comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión Kitchen, poniendo punto final a las sesiones de esta comisión, no centrará el protagonismo de la semana parlamentaria, que estará muy marcada por la polémica sobre el castellano en Cataluña y las negociaciones entre el Gobierno y ERC sobre la ley audiovisual, que están costando cerrar. A la resolución del Supremo que garantiza que al menos un 25 % de las materias de la educación en Cataluña sea en castellano, que ha revuelto al Govern y al independentismo, se ha sumado el episodio de acoso denunciado por la familia de un menor que ha pedido más enseñanza en castellano en un colegio de Canet de Mar (Barcelona) y que está investigando la Fiscalía.

Toda esta polémica se traslada esta semana al Congreso, después del paréntesis parlamentario por el puente de la Constitución, y será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primero que tendrá que responder sobre esta cuestión.

El PP propone al Ejecutivo una "solución de Estado" para la que ofrece su colaboración

Será en la sesión de control a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que en concreto le pedirá explicaciones por lo que está haciendo para garantizar los derechos y las libertades de los españoles, una cuestión que previsiblemente sacará también el presidente del PP, Pablo Casado, aunque la pregunta que ha registrado es para saber si tiene previsto convocar el debate sobre el estado de la nación, pendiente desde 2015.

Este domingo, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, mostró domingo el ofrecimiento de su formación al Gobierno para buscar una "solución de Estado" para que "la libertad y el respeto a la ley" sea "la regla general y no la excepción" en Cataluña tras las amenazas a la familia de Canet de Mar. En declaraciones a los medios, Maroto señaló que, tras este caso, "muchos españoles" han puesto "sobre la mesa" una realidad que se conocía pero que ahora "se ha constatado más dura que nunca". En su opinión, "hay situaciones concretas", como lo que le ocurre a la familia de Canet de Mar, "que muestran que un problema" como este "necesita de una solución de Estado".

"El caso de Canet es esa imagen de que el problema en Cataluña necesita una solución de Estado", reiteró el portavoz popular en la Cámara Alta que, pese a que no tenga "confianza" en el presidente Pedro Sánchez, ha explicado que el PP quiere ser "parte de la solución" en Cataluña. "Para que todos los españoles puedan ver cómo la libertad y el respeto a la ley es la regla general y no la excepción en la regla como ahora", ha señalado Maroto tras insistir en el "ofrecimiento en positivo y sincero" del PP al Ejecutivo como "partido de Estado".

El tema de la cuota del castellano en el modelo educativo catalán y el "hostigamiento" a las familias que exigen su cumplimiento será también objeto de una pregunta del PP a la ministra de Educación, Pilar Alegría, y de una moción de Vox.

El partido de ultraderecha aprovechará el Pleno del Congreso para forzar una votación sobre la conveniencia de aplicar otra vez el artículo 155 de la Constitución después de que la Generalitat de Cataluña no tenga intención de cumplir la reciente sentencia del TS que avala que el 25% de la enseñanza en esta comunidad tenga que ser en español. En su iniciativa, Vox insta al Gobierno a intervenir la Generalitat con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los principios constitucionales que, según denuncia, están siendo objeto de "sistemática infracción" por parte de la Generalitat.

Vox sostiene que "no se puede tolerar" que existan partes de España en las que "miles" de niños no pueden aprender a leer y escribir "en su lengua materna, en español, sólo porque unos políticos sectarios se lo niegan", y por eso considera que "la única forma de devolver los derechos legítimos de todos los catalanes y la libertad es esta intervención profunda". Asimismo, emplaza al Gobierno a impulsar las reformas que sean necesarias para asegurar la enseñanza del castellano y en castellano en los sistemas educativos de todos las regiones de España a fin de satisfacer "el deber los españoles de conocerlo así como de amparar el derecho de todos a usarlo".

En este contexto, será asismismo una semana clave para que el Gobierno y ERC traten de cerrar un acuerdo sobre la ley audiovisual y que las plataformas audiovisuales destinen un porcentaje del 6 por ciento a la producción en las tres lenguas cooficiales. De este acuerdo dependerá el apoyo de los republicanos catalanes a los Presupuestos, que continúan su tramitación al pasar ahora a la Comisión de Presupuestos, donde a partir del miércoles se debatirán y votarán las casi 4.000 enmiendas registradas por los diferentes grupos. Entre ellas, las que ERC registró por sorpresa el jueves para dejar "por escrito" que su apoyo a las cuentas no está garantizado.