La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla iba a comenzar este lunes uno de los juicios sobre narcotráfico más importantes del año. En el banquillo, once hombres acusados de introducir cocaína en España desde Colombia a través de Málaga, camuflada en cargamentos de piñas. Entre quienes se sentarán en el banquillo hay dos policías nacionales, un guardia civil y un escolta del Ministerio del Interior. La banda para la que presuntamente trabajaban fue interceptada en septiembre de 2022 y la Policía Nacional intervino 365 kilos de la sustancia estupefaciente en una nave de Carrión de los Céspedes. Pero la vista oral, que se iba a desarrollar en más de una decena de sesiones hasta finales de enero de 2024, ha sido sin embargo aplazada. El motivo es que cuatro de los procesados tienen hoy mismo otro juicio en la Audiencia Nacional, así que el de Sevilla se retrasará algo más de un mes.

Que esa parte de los acusados sea juzgada en Madrid antes que en la Audiencia Provincial no tiene que ver con la jerarquía del órgano judicial. Se trata simplemente de que la Audiencia Nacional señaló el juicio en su agenda antes de que lo hiciese la Sección Tercera. Y en igualdad de condiciones (ambas son causas con preso, es decir, con acusados en situación de prisión provisional por los hechos que serán enjuiciados), gana la Sala que cronológicamente colocó antes la vista en su agenda.

En todo caso, la decisión de retrasar el juicio no fue tomada por la Sección Tercera hasta finales de la semana que acabó ayer. Tras adoptarla, el tribunal sevillano buscó un hueco y lo encontró en el 18 de diciembre, día en el que las partes expondrán las cuestiones previas. Después habrá tres sesiones antes de las vacaciones navideñas y la causa se retomará ya el próximo año.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para cada acusado y una multa de 45 millones de euros

La envergadura del caso es tal que las penas a las que se enfrentan los investigados no son precisamente pequeñas. En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía pide ocho años de cárcel para cada uno de los once varones y una multa de 45 millones de euros. Siete de ellos, incluidos los agentes de la autoridad y el escolta, permanecen en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2022. Uno de los policías es un subinspector que en la época de los hechos formaba parte de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) en Sevilla. El otro ejercía en la Brigada de Seguridad Ciudadana. En cuanto al guardia civil, que tiene antecedentes penales, trabajaba en una Unidad de Seguridad Ciudadana en la provincia de Sevilla.

La investigación fue fruto de la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas y la Fiscalía Nacional contra el Narcotráfico de Bogotá. Este organismo informó de que se iba a introducir cocaína en España en un contenedor que había zarpado el 19 de agosto de 2022 desde Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, hacia Málaga. La carga era de dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas y mangos. La nave arribó a Málaga el 7 de septiembre. Dos días después, funcionarios policiales registraron el contenedor y localizaron la droga en el suelo, bajo palés con las cajas de piñas, pero dejaron que la banda siguiese con su plan.

El 14 de septiembre, siempre según la Fiscalía, el acusado Antonio S.G. recogió el contenedor y lo llevó a Sevilla. Durante ese trayecto, el subinspector, el policía y el escolta llevaron a cabo labores de “control y vigilancia” a bordo de un coche “para garantizar la seguridad del traslado y la recepción final de la droga” en una nave del polígono La Isla, en Dos Hermanas. Una vez allí, esos tres encausados circularon por los alrededores del almacén para cerciorarse de que no había nadie que pudiese frustrar la operación. Al día siguiente, la mercancía viajó hasta el polígono Novapark, en Carrión de los Céspedes, de nuevo seguida de cerca por los policías y el escolta efectuando “funciones permanentes de contravigilancia” hasta la descarga de la droga.

Fue entonces cuando la Policía irrumpió en el recinto. En ese momento, entre otros investigados, el guardia civil estaba “manipulando los bajos del contenedor con una pata de cabra en la mano”. Dentro había 365 paquetes rectangulares embalados en plásticos y film transparente. Cada uno contenía un kilo de cocaína. Según la Fiscalía, la droga habría alcanzado un valor de 14,4 millones de euros en el mercado si se hubiese vendido al por mayor. Y si hubiese sido al por menor, casi 38 millones.

El Ministerio Público acusa a todos los procesados de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño con la circunstancia agravante de “notoria importancia”, en referencia a la cantidad de droga intervenida.