Si la ejecución de sentencias es un problema en ocasiones, cuando se trata de asuntos de familia implica en ocasiones, situaciones muy complicadas. El gran problema de la Justicia en España y Andalucía es la cantidad de sentencias que no se cumplen o lo hacen tarde cuando la situación ha llegado al límite o incluso la ha sobrepasado. Como muestra, un botón. Una madre de Sevilla tuvo que esperar cuatro años para poder cobrar los alimentos de sus hijas. Cuando después de ese tiempo el padre pagó ante la posibilidad de abrir la vía penal la cantidad acumulada ascendía a 64.000 euros. 

No sólo se trata del dinero, a veces es el tiempo que no pueden estar con sus hijos, como el padre sevillano que estuvo seis años sin ver a su hija al no cumplir la madre el régimen de visitas. Estos son dos ejemplos de los temas que se van a tratar durante los días 5 y 6 de octubre en el congreso monográfico que organiza la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) y el Colegio de Abogados de Sevilla. En estas jornadas, que estarán dedicadas a la ejecución de sentencias en Derecho de Familia, está prevista la asistencia de cerca de 400 abogados, jueces y fiscales.

Un informe del Consejo General de Procuradores sitúa a España a la cola de Europa tanto en el plazo para ejecutar sentencias como en su eficacia. Según la asociación de abogados de familia, "España corre el riesgo de convertir su Justicia en una mera declaración de intenciones tal como ha advertido en varias ocasiones el Tribunal Constitucional", advierte la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa).

María Pérez Galván, vicepresidenta de Aefa,  recuerda que si una resolución digital no puede ejecutarse o lo hace con una gran demora, "la convierte en totalmente estéril e inútil por no ser efectiva en los tiempos adecuados".

En Andalucía, las ejecuciones de sentencias en Familia tardan en resolverse 32 meses según recoge el Consejo General del Poder Judicial en los datos de 2022. Hay cosas que son especialmente flagrantes como los cuatro años y medio de retraso de un padre para abonar los 64.000 euros de la pensión de alimentos. Mientras tanto, cuenta la abogada, "el padre deudor aparece fotografiado en un barco y con sus nuevas parejas en Ibiza y Mallorca. Aunque a veces es la medida más eficaz, las mujeres no se atreven a poner una denuncia penal porque supondría que su expareja pudiera ingresar en prisión", indica María Pérez Galván. En el otro lado está un padre que tardó seis años en conseguir que le permitan ver a sus hijas. Hasta que el juez no advirtió a la madre de que podía perder la custodia exclusiva, entonces cedió y el padre ha podido pasar tiempo con su hija. 

Daños irreparables

"Los incumplimientos relacionados con el régimen de visitas son los más dolorosos porque la impotencia que se siente es abrumadora y el daño que se causa, enorme. Y me estoy refiriendo no solo al daño que se ejerce sobre el padre o la madre que se ve privado de la relación con sus hijos, sino al perjuicio provocado a los menores que no pueden relacionarse con uno de sus progenitores y, habitualmente, con los abuelos y el resto de la familia extensa", asegura María Pérez Galván, vicepresidenta de la Aeafa. 

Según los abogados de familia, con esta situación "se conculcan derechos fundamentales de la persona". Recuerdan además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "ha dictado sentencias contra determinados estados, entre ellos España" al repecto. "De todos modos, insisto, siguen sin arbitrarse medidas que realmente eviten estos incumplimientos. En ocasiones se da la paradoja de que, es el propio sistema judicial –por la tardanza o la falta de recursos– el que ampara estos incumplimientos porque al final no pasada nada", insiste.

Otro motivo de sufrimiento proviene del impago de las pensiones alimenticias o cuotas hipotecarias establecido en las sentencias de divorcio. "Puede tener consecuencias devastadoras, no en vano se habla de violencia económica como una situación de maltrato en tanto puede tener un fuerte impacto en la salud mental y bienestar psicológico del progenitor, que, a su vez, puede condicionar el bienestar y desarrollo emocional de los hijos”, atestigua María Pérez Galván.

En contra de las previsiones, la consideración como delito del impago de las pensiones no ha detenido esta práctica. "En muchos de estos casos el acusado evita la condena acreditando su falta de disponibilidad económica. Aduce que se halla en una situación de precariedad que le impide hacer frente al pago. También sucede que, en el caso de las mujeres, se resisten a interponer la denuncia penal para que su expareja no se siente en el banquillo, aunque a veces es la única solución posible", señala la vicepresidenta de la AEAFA. El coste económico adicional que supone y el sentimiento de culpa que genera en quien debe emprender este camino suponen un freno.

Las jornadas llevan celebrándose 27 años y se han inscrito 400 especialistas de toda España. Este año, por primera vez, se hablará de la ejecución de sentencias. "En papel quedan muy bien, pero el problema es que hay un número importante que no se cumplen", añade Pérez Galván.

Aunque las económicas son difíciles de ejecutar si no hay nóminas, las más complicadas son las referidas al incumplimiento del régimen de visitas. "Muchas veces si el padre o la madre no quieren cumplir el régimen establecido, la excusa suele ser el menor: o esta malo, o no quiere, o se va de campamento...De este modo se crean situaciones donde los padres pierden tiempo de comunicación y convivencia con sus hijos", afirma la vicepresidenta de Aeafa.

"La salida más eficaz es encontrar a un juez o jueza dispuesta a apercibir al infractor con un cambio de custodia, que no le tiemble el pulso", señala. Para que todo sea más fácil "demandamos más apoyo de la Junta de Andalucía para juzgados y los equipos psicosociales y jueces especialistas para que todo vaya más rápido", señala Pérez Galván.

Otro de los temas principales es el de la regulación de la custodia compartida. "Es necesario ver que los niños y niñas tienen derecho a tener presente a su madre y su padre durante su crianza. Es cierto que ha evolucionado mucho pero no tenemos una ley nacional de custodia compartida que, curiosamente, sí tienen los animales. Ahora todo depende del fiscal, los abogados y los juzgados de familia", señala.

Programa de las jornadas

Todas las conferencias y encuentros se celebran en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de Sevilla los días 5 y 6 de octubre. La inauguración será a las 17:00 y la abogada de familia Sabina Galdeano Bonilla tratará temas como el incumplimientos de otros pactos contenidos en el convenio regulador, la problemática procesal de la ejecución de los pactos no homologados judicialmente o la ejecución de las escrituras notariales.

Más tarde, a las 18:30, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba hablará sobre la problemática de la vivienda familiar y los bienes muebles en ejecución de sentencia, las incidencias en la ejecución de sentencia en relación a la atribución del uso o el destino de la vivienda cuando su uso no ha sido atribuido judicialmente a ninguno de los cónyuges o cuando finalizó este, entre otros temas

La jornada del 6 de octubre comenzará a las 10:00 con la intervención de Antonio Roncero García, magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, sobre los incumplimientos de las pensiones alimenticias, pensiones compensatorias y compensación por el trabajo para la casa. 

A las 12:00, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona Dolores Viñas Maestre, hablará sobre el régimen de visitas en ejecución de sentencias. 

En la sesión de tarde, a las 16:45, el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, defenderá su comunicación sobre la ejecución de la sentencia que acuerda la extinción del proindiviso. A las 17:15, la fiscal de familia Susana Hernando Ramos, expondrá su comunicación sobre la sustracción internacional de menores: aspectos personales y económicos y a las 17:45, será el turno del psicólogo general sanitario, Miguel Fernández Galán, sobre el malestar del cliente en materia de Familia. Cómo gestionarlo desde la psicología.

A las 18:00 un foro abierto con la colaboración de  Antonio Javier Pérez Martín, la abogada de familia, M.ª Dolores Azaustre Garrido; María Pérez Galván, abogada de familia y vicepresidenta de la Aeafa. La clausura es a las 20:00.