La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia penal por prevaricación contra Miguel Angel Barrios González (PSOE), alcalde de Villanueva del Río y Minas, y sus dos antecesores en el cargo: les acusa de “omitir dolosamente” su deber ante unas construcciones ilegales, “no tomar ninguna medida sancionadora mínimamente seria” y además “entorpecer las investigaciones” de la Guardia Civil.

En un duro escrito dirigido al juzgado decano de Lora del Río, la Fiscalía precisa que se ve obligada a presentar denuncia porque las diligencias de investigación tienen un plazo de prescripción de seis meses que no admite prórroga. En este tiempo, las autoridades de Villanueva del Río no han colaborado “ni han contestado aceptablemente a los requerimientos de la Guardia Civil” y el expediente investigado “sorprendentemente no aparece”.

Por ello, al objeto de que no prescriba el plazo que terminaba el 25 de marzo de 2019, el fiscal ha denunciado a Barrios González y a sus dos antecesores en el cargo: María Josefa Ferre Córdoba y Francisco Barrera Delgado, estos dos últimos del partido Unión Minera, que ahora apoya al alcalde socialista.

La denuncia por prevaricación deriva de una parcelación ilegal en el paraje conocido como Pozo Siete o Minas de la Reunión, donde se hizo presuntamente una construcción no autorizada y posteriormente una piscina. 

La Guardia Civil, a la que la Fiscalía encargó la investigación, “informa de la aparente falta de colaboración de algunas autoridades del Ayuntamiento, sin que hayan contestado aceptablemente a sus requerimientos”, mantiene el escrito.

No se ha podido contrastar la denuncia con el expediente administrativo, que  “sorprendentemente no aparece o no se entrega a la Guardia Civil” aunque “no es concebible que ni siquiera exista, dados los numerosos escritos aportados por el denunciante, que evidencian que incluso se discutió al menos una vez en Junta de Gobierno municipal”.

Los denunciados son Francisco Barrera, alcalde entre 2011 y 2015; María Josefa Ferre, que era concejal de Urbanismo bajo su mandato y luego fue alcaldesa (2015-18) y Miguel Angel Barrios, actual alcalde y anterior concejal de Urbanismo.

Según la denuncia que llegó a la Fiscalía, el Ayuntamiento inició un expediente de disciplina urbanística por la realización de una parcelación ilegal, seguida de construcciones no autorizadas en suelo rústico. Del conjunto de documentos aportados por el denunciante se desprende que “el Ayuntamiento no ha cumplido con sus obligaciones de restablecer el suelo a su estado original, ni de sancionar con una mínima seriedad una posible conducta delictiva”.

Es cierto que en la zona denunciada existen obras antiguas que ya no pueden ser investigadas penalmente “por evidente prescripción”. Alrededor de 2013 se hizo una piscina “que tampoco es posible investigar ya penalmente al haber transcurrido el plazo de cinco años previsto en el Código Penal” se lamenta la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en su escrito.

Ahora, el fiscal plantea un posible delito de prevaricación por omisión de los tres alcaldes. Explica que el denunciante ha aportado “numerosos escritos al Ayuntamiento desde octubre de 2014, y se ha visto obligado a recurrir al Defensor del Pueblo ante la inactividad municipal”. Según la  Guardia Civil, al menos una vez se estudió su petición “pero no consta que realmente se llevara a cabo ninguna medida seria para la protección del interés público, a pesar de constarles su clara ilegalidad”.

“Lo más llamativo es que sigue sin aportarse el expediente sancionador por las obras en aquella parcela”, lo que es fundamental para “depurar responsabilidades penales, si las hubiere, por conducta tolerante u omisiva con ese comportamiento delictivo ya prescrito”.

“Es evidente que el denunciante requirió en numerosas ocasiones la actuación de los denunciados, sin obtener respuesta de una mínima calidad”, dice la Fiscalía, que pide al juzgado la declaración de los tres alcaldes y que el Ayuntamiento, en el plazo de 15 días, remita el expediente completo.