Apropiación indebida

Caso Joaquín: su ex administrador se habría quedado con 722.000 euros

  • Reduce la cuantía inicial de la apropiación de 1,3 millones y rebaja la petición de condena a tres años de cárcel

  • La Fiscalía critica a la acusación y a la defensa por haber aportado informes periciales y nuevos documentos de forma tardía

El jugador del Betis Joaquín Sánchez y su mujer, en la Audiencia. El jugador del Betis Joaquín Sánchez y su mujer, en la Audiencia.

El jugador del Betis Joaquín Sánchez y su mujer, en la Audiencia. / julio Muñoz / EFE

La Fiscalía de Sevilla ha concluido este miércoles que el ex administrador del jugador del Real Betis Joaquín Sánchez se apropió presuntamente de 722.991,03 euros entre los años 2005 y 2007 con motivo de la gestión del patrimonio del futbolista, una cantidad inferior a los 1,3 millones en que había cifrado inicialmente la apropiación, lo que ha llevado igualmente a rebajar de cuatro a tres años de cárcel la pena que solicita para el procesado, Eduardo Fernández Triviño, a quien también ha reclamado el pago de una multa de 3.000 euros y que indemnice al jugador bético con la cantidad supuestamente apropiada.

La acusación particular, que ejerce el abogado Manuel Morales en representación del jugador, ha elevado a 770.000 euros la cuantía de la apropiación y ha reclamado seis años de cárcel para el acusado, mientras que la defensa ha solicitado su libre absolución.

En su informe definitivo de conclusiones, la fiscal del caso, Margarita Viera, ha comenzado su intervención asegurando que la Fiscalía no está "ni contenta ni convencida" con la calificación de los hechos que ha elevado a definitiva, y lo ha explicado por las "precarias condiciones" en que se realizó el escrito de conclusiones provisionales por parte del Ministerio Público en noviembre de 2015, llegando a señalar que hay "numerosos flecos, datos y disposiciones sobre las que no hay referencia en cuanto al destino aplicado" a las mismas.

La fiscal ha criticado "la indolencia de las partes" personadas, tanto la acusación como la defensa, durante los cinco años de instrucción de esta causa, puesto que no fue hasta enero de 2017 cuando la acusación particular presentó un informe pericial técnico-contable acompañado de nueva prueba documental, y hasta 2018 no le llegó a la Fiscalía la pericial realizada por la defensa, con la incorporación de más documentos, por lo que cuando se elaboró la calificación de este caso había una "manifiesta carencia de esa documentación" que se incorporó en la denominada fase intermedia del procedimiento y después de que el fiscal presentara sus conclusiones provisionales.

La fiscal ha dicho que es la "única vez" que se ha topado con una situación como la "vivida en el presente procedimiento" y ha aseverado que frente a la posibilidad de pedir la suspensión del juicio para elaborar una "pericial judicial imparcial" con todos los datos facilitados por las partes para la "busqueada de la verdad material", han pesado "razones de responsabilidad" ante un juicio que estaba ya señalado y para no provocar mayores dilaciones al proceso.

Hay "pruebas de cargo suficientes"

En cualquier caso y a pesar estas carencias mencionadas, la fiscal considera que hay "pruebas de cargo suficientes y bastantes para enervar la presunción de inocencia del acusado" y así ha detallado hasta cinco grupos de disposiciones realizadas por el antiguo administrado de Joaquín Sánchez que, a su juicio, constituyen el delito de apropiación indebida en la gestión del patrimonio ajeno, de los bienes personales y patrimoniales de Joaquín Sánchez. 

El Ministerio Público ha reconocido que aunque no se dispone de una prueba "directa y concreta", con la prueba practicada en el juicio hay elementos de cargo suficientes, así como "numerosos datos" que el tribunal encontrará para decantarse por la tesis de la Fiscalía "a pesar de las contradicciones entre las tesis de las acusaciones y la defensa", ha señalado.

La Fiscalía sostiene que las disposiciones por ese importe de más de 722.000 euros por parte del acusado son reales y no se ha practicado prueba que "contradiga dicha realidad", unas disposiciones que el acusado pudo realizar en virtud del primer poder notarial que se le concedió el 16 de diciembre de 2003, momento desde el que Eduardo Fernández Triviño "contaba con amplísimas facultades para gestionar pagos y la vida económica, personal y familiar de Joaquín Sánchez", ha manifestado.

Entre las cuantías que la fiscal ha detallado como no destinadas a su función como gestor del patrimonio del jugador figura un ingreso realizado en 2004 por importe de 50.000 euros a la madre del futbolista que, sin embargo, no se ha acreditado que fuese ingresado en la cuenta cuya titularidad ostenta la madre del jugador; o 130.000 euros de un contrato privado para la compra de un apartamento en Palm Beach (Florida) que en la escritura de venta figura que se adquirió por 260.000 euros.

De la misma forma, la fiscal considera que se apropió de nueve retiradas de efectivo por importe total de 90.000 euros en las que el futbolista no reconoce su firma y que los peritos aseguran que ha sido imitada.

Por el contrario, sí considera acreditados otros pagos de 50.000 euros para un fondo de inversión, así como 67.632 euros para la adquisición de una nave industrial, los pagos al jardinero, otros ingresos a la madre del futbolista, y gastos varios en labores de albañilería (89.000 euros) u otras compras, como los 10.000 euros que se entregaron como señal para la compra de un coche de la marca Aston Martin.

El acusado era "el monedero de Joaquín"

La Fiscalía ha recordado que el ex administrador ha declarado en el juicio que actuó siempre "bajo las instrucciones concretas y precisas de Joaquín", pero considera que el acusado "no ha manifestado cuáles eran esas instrucciones, si eran para hacer inversiones o realizar pagos", y ha recordado que un abogado que ha declarado como testigo afirmó gráficamente que Eduardo Fernández Triviño era "el monedero de Joaquín".

El Ministerio Público ha insistido en que los tres poderes notariales que tenía el procesado le concedían "libre autonomía" de actuación, por lo que no es coherente la amplitud de esos poderes con "dar instrucciones concretas por parte de Joaquín" para el desarrollo de sus actividades.

El centrocampista del Betis, ha proseguido la fiscal, tenía "plena confianza" en el acusado porque "era su amigo y por eso no tuvo reparo en poner amplios poderes", añadiendo que hay una falta de "rendición de cuantas y de explicaciones" por parte del acusado, cuya actuación constituye una conducta típica de "distraer" los fondos para fines diferentes a los que le correspondía "según las obligaciones asumidas".

La fiscal ha concluido que "no es irrazonable", por el volumen de las disposiciones realizadas y la cuantía de las mismas, que parte de ese dinero "se haya destinado a la adquisición por el acusado y su esposa de una vivienda en Marbella".

En el juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, han prestado declaración como testigos tanto Joaquín como su esposa, Susana Saborido, quien confirmó que el acusado tenía "poderes absolutos" para gestionar el patrimonio de su marido.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios