Giro en el caso de la investigación de las presuntas irregularidades en la gestión de la moneda social "Ossetana" de San Juan de Aznalfarache. La Guardia Civil ha elaborado un extenso atestado en el que aprecia delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la intimidad, en relación con la concesión durante cuatro años de subvenciones a una ONG y en la que considera presuntos responsables de dichos delitos al alcalde socialista de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, y a doce concejales que intervinieron en las juntas de gobierno local donde se aprobó la firma de esos convenidos.

El caso se inició con la denuncia presentada por Vox contra el regidor por delitos relacionados con la gestión de la moneda social "Ossetana", que fue creada en 2017 con la finalidad de favorecer a personas o familias necesitadas y fomentar el comercio, pero que según los denunciantes parte del dinero fue empleado en gastos realizados en "bares y verbenas" y en la compra de alcohol. Tras el informe de la Guardia Civil, tanto el coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, como el vicesecretario jurídico de Vox en Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, han señalado al gobierno local del PSOE como “foco de escándalos y corruptelas que ha tomado San Juan como su feudopartidista. El caso de la moneda Ossetana no hace sino confirmar lo que venimos denunciando desde 2019”, han manifestado a este periódico.

El atestado de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil remitido al juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla considera que las subvenciones nominativas a la ONG Asamblea de Cooperación por La Paz (ACPP) se concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales".

El atestado, al que ha tenido acceso este periódico, aprecia un delito de prevaricación en concurso con otro de tráfico de influencias por las "reiteradas subvenciones nominativas" concedidas a dicha ONG con motivo del programa de la Moneda Ossetana durante los años 2015, 2017, 2018 y 2020, actuando dicha asociación como entidad "colaboradora" pero cuya selección debería "haberse realizado de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad", asevera el atestado, que arde que cada año se presentaba a dicha entidad como "beneficiaria a sabiendas de que es mera gestora/tesorera/distribuidora de los fondos públicos que se entregan mediante la aplicación informática APP Clikcoin" y a la que se reconoce unos gastos de coordinación en su favor.

El responsable de la ONG Asamblea de Cooperación Por la Paz, prosigue el informe policial, es José María Ruiberriz, persona que fue en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en las elecciones municipales de 2015, "no sacando votos suficiente para ser concejal, otorgándose ese año por primera vez estas subvenciones casi anuales, que generan un beneficio económico para éste y la ONG que dirige, así como para algún otro miembro de ésta, que tienen relación directa con este partido" como un concejal del PSOE de Paymogo (Huelva), sostiene la Guardia Civil.

Casi la mitad de las subvenciones, para la ONG

Prueba de estos beneficios, añade el atestado, es el montante económico que recauda en subvenciones esos cinco años con motivo del programa de la Moneda Ossetana por importe de 405.807,47 euros, de los cuales 217.711,31 se destinan al "objeto del programa", esto es a la ayuda a las personas necesitadas, y el resto, "más del 46% de esa recaudación por importe de 188.096,16 euros para la ONG, de donde obtienen su salario estas personas".

En este sentido, consideran que un indicio más que refuerza la actuación delictiva es que la ONG que dirige José María Ruiberriz "incumple reiteradas veces los plazos de justificación, realizando justificaciones fuera de plazo, falseando presuntamente facturas justificativas, haciéndose eternas las justificaciones, cuando el propio convenio limita el tiempo, teniendo excesiva tolerancia el Ayuntamiento", que además otorgó las tres últimas subvenciones con los presupuestos prorrogados, lo que "tampoco está ajustado a derecho".

Los investigadores señalan que, con fecha 1 de diciembre de 2021 -una vez ya iniciada la investigación judicial-, el Ayuntamiento publicó un anuncio para la aprobación de una ordenanza general de subvenciones, por lo que deja "nítidamente claro que antes no estaba adaptado a la normativa, por lo que ha venido concediendo irregularmente, no sólo estas subvenciones nominativas, sino todas las concedidas en ese municipio".

Entre las irregularidades detectadas, sostiene que "no se ha llevado a cabo un plan estratégico, previo a toda subvención, ni se han desarrollado ordenanzas generales o específicas reguladoras de subvenciones, donde deban ampararse los sucesivos convenios que lleven a cabo durante esos años sobre el programa Moneda Ossetana u otro programa o necesidad subvencionable", lo que incumple la ley general de Subvenciones.

El alcalde hizo "caso omiso" de los informes que alertaban de las irregularidades

Sobre el alcalde de San Juan, Fernando Zamora, el informe de la Guardia Civil recuerda que presidió la junta de gobierno local donde se aprobaron los dos primeros convenios con la ONG y además firmó los cuatro convenios junto al responsable de dicha organización, todo ello "haciendo caso omiso a todos y cada uno de los informes técnicos/jurídicos que le informan de las irregularidades detectadas, aconsejando y advirtiendo a la vez de la adaptación a la normativa vigente en estos convenios/subvenciones, como de la norma preceptiva a cumplir para el tratamiento de datos e carácter personal de los beneficiarios finales de las ayudas". 

La Guardia Civil destaca asimismo que el alcalde es "conocedor de primera mano, ya que él firma decretos de justificación, del reiterado incumplimiento de los plazos de las justificaciones, teniendo excesiva tolerancia y permitiendo que se le sigan asignando las subvenciones nominativas".

El atestado también considera presuntos responsables a 12 concejales del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache que intervinieron en las distintas reuniones de la junta de gobierno local donde se aprobó la firma de esos convenios con la ONG.

De la misma forma, el atestado aprecia responsabilidad en la ONG Asamblea de Cooperación por La Paz, cuyo representante legal es José María Ruiberriz. Dice la Guardia Civil que esta asociación es la responsable final de los convenios firmados y "se lucra de estas subvenciones nominativas directas como entidad colaboradora, ejerciendo siempre como entidad beneficiaria, al objeto de eludir la ley de Contratos del Sector Público".

El informe también considera que puede haberse producido un delito de falsedad documental porque hay facturas que "son manipuladas por personal de la ONG con motivo de los requerimientos que se llevan a cabo por parte del alcalde, modificándolas sin más control, llegando al extremo de 'doblar' una factura de un proveedor con la de otro, con la misma fecha, número de factura e importes siendo ésta falsa en todos sus extremos".

Por último, el atestado también considera que se ha producido un delito contra la intimidad, relacionado con el tratamiento de los datos de carácter personal y familiar de las personas o familias que recibieron las ayudas, por cuanto no hay ningún contrato u otro acto jurídico que ampare el tratamiento de datos de acuerdo con la ley de Protección de Datos.

No detectan malversación porque la ayuda llegó a las familias necesitadas

Lo que no advierten los investigadores es que se haya producido un delito de malversación de caudales públicos, ya que "el menoscabo se produciría si se consigue demostrar el incumplimiento de facto de los fines establecidos en el convenio, algo que a fecha del estas diligencias no consideramos, ya que el dinero de las subvenciones irregulares llega a las personas/familias necesitadas", aunque sí detectan los investigadores "anomalías que dejan de manifiesto que su control y administración deja mucho que desear, tanto por el Ayuntamiento como por la ONG Asamblea de Cooperación por La Paz".

Entre estas irregularidades, el informe señala los "desajuste en las cantidades justificadas, no cuadrando ésta en ninguna de ellas", así como que no coincide el número de personas beneficiarias de las mismas y en otros casos "faltan datos importantes y reiterados en las justificaciones" o estas justificaciones se realizan fuera de plazo.