Absuelven de varios delitos a los empresarios de Sevilla que montaban las tiendas de Mango, Chanel o Nike por toda Europa

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a tres empresarios de una multinacional con sede en Bollullos de la Mitación a los que un antiguo socio acusó de hasta seis delitos. El caso tiene cierto lustre y glamour porque el grupo para el que trabajaban los cuatro, Betcat, se encargó durante años de montar y decorar las tiendas de marcas de dimensión mundial: Mango, Chanel, Nike, Desigual, Primark, The Phone House, Burberry, Camper, Foot Locker, Swaroski... Después, con el proyecto en horas críticas y abocado a la quiebra, el acusador emprendió otra aventura por su cuenta, los procesados crearon también otra mercantil para el mantenimiento de las tiendas y el primero pensó que el movimiento de trabajadores fue ilegal y que esa nueva empresa facturó y se lucró con obras ejecutadas por Betcat.

El tribunal de la Sección Séptima rechaza esa teoría e incluso es crítica con el denunciante por no implicarse en la búsqueda de soluciones a la crisis del grupo empresarial, pero la verdad es que el exsocio no estuvo solo en el juicio. La Fiscalía también acusó a Francisco D.J., Francesco F. y Miguel Ángel A.M. de apropiación indebida o administración desleal, pidió hasta cinco años de cárcel por el primer delito y tres años por el segundo e interesó que indemnizasen al antiguo socio con 765.574 euros. El denunciante, por su parte, les atribuyó administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falseamiento contable, estafa procesal e insolvencia punible y, además de un montón de años de prisión, les exigió 955.107,10 euros de indemnización.

El grupo Betcat, según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tenía su centro de operaciones en el polígono PIBO de Bollullos y hasta finales de 2014 se dedicó a “construir tiendas de grandes marcas” en España y en toda Europa. De hecho disponía de sedes comerciales en Barcelona, Londres, París, Ámsterdam o Milán. En 2013, por ejemplo, montó en Munich la que entonces era la tienda de Mango más grande del mundo.

Francisco D.J. era el director general del grupo y Miguel Ángel A.M., el director financiero. El socio acusador, François G., ostentaba la mitad de las participaciones de Betcat y de la empresa matriz del grupo, Betcat Shopfitters Holding. Lo mismo ocurría con Betcat Gestión, que “coordinaba las obras contratadas por el resto de empresas”, así que “era la que llevaba a cabo la producción [...], y por ende, la que tenía la práctica totalidad del personal contratado”. El último escalón de la estructura eran las filiales de Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y Brasil.

En octubre de 2014, François G. se marchó del grupo porque “no compartía ni las estrategias de crecimiento ni la forma en que [los acusados] se venían dirigiendo las empresas” y creó ArtRetail, que básicamente se dedicaba a lo mismo que Betcat. Los otros tres, por su parte, crearon el grupo Easility “ante la situación de quiebra que se avecinaba en Betcat y la falta de cualquier iniciativa por parte de ambos socios capitalistas” para la “reflotación del holding”. Esos socios eran Francisco D.J. y François G. El nuevo conglomerado se dedicó “no a la construcción de las tiendas sino a su mantenimiento” y para ello se hizo con los materiales y la plantilla de Betcat “contando con la voluntad de parte de los trabajadores para pasar de un grupo a otro”. De este modo, los encausados “consiguieron evitar mayores deudas” para Betcat.

La base de la acusación por apropiación indebida y falsedad era que ese trasvase fue ilegal y que Easility incluso facturó por obras realizadas por Betcat. La Audiencia es muy rotunda al respecto: “No existe prueba alguna de que existieran trabajos efectuados por Betcat y cobrados por Easility, ni tan siquiera de que el nuevo grupo se quedara con clientes que tuvieran contrato con Betcat que los obligara a continuar con esta” para “el mantenimiento o la realización de nuevas obras”, establece. Tampoco considera probado que “se alterase la contabilidad y facturación” de Betcat “hasta dejarlo sin clientes”. Y tampoco que la creación de Easility “fuera la causa de la situación de insolvencia patrimonial de las distintas empresas del grupo Betcat”.

La Sala critica al socio denunciante

La acusación por administración desleal también es rebatida con dureza por la Sección Séptima. “No se entiende acreditado que los acusados [...] hayan ejercido sus funciones dirigiéndolas a fines distintos de aquellos para los que les habían sido concedidas”, razona la Audiencia, que defiende que los tres tuvieron la “intención de mejorar la situación económica que progresivamente se iba deteriorando”. “No lo consiguieron porque [...] se encontraron con la gran dificultad que supuso que uno de los socios capitalistas, el querellante, decidió abandonar la administración y situarse en una posición pasiva, a la espera de resultados que debían conseguir otros”, critica el tribunal de François G.

En el mismo sentido, la Sala destaca que, por muchas filiales que hubiese, “la verdadera empresa a favor de la cual se ejecutaban las obras” era la matriz, que estaba “participada al 50% por François G. y Francisco J.V.”. Por eso mismo François G. tenía “capacidad social para tomar las riendas, al menos solidariamente con el otro capitalista”, y buscar una solución cuando Betcat se vio abocada al fracaso, pero “su actitud fue la contraria: abandonar el órgano de administración, pretender vender sus acciones y hacerlo por un precio que no está acreditado que correspondiera a su precio de mercado”.

Es decir, que huyó del “barco” y “buscó alternativas [...] creando su propia sociedad (ArtRetail)”, así que en el fondo hizo lo mismo que los acusados, quienes “en el ejercicio de la libertad de empresa procuraron desarrollar una actividad comercial que les reportara beneficios”. Y tanto en Betcat como en sus filiales “ejercieron sus funciones lealmente mientras la situación económica lo permitió”. “Distinto es que, una vez hundido el barco [...], buscaran alternativas personales para seguir en este tipo de negocio”, añaden los jueces.

La Audiencia, en definitiva, niega que los encausados “hayan quebrantado los vínculos de fidelidad y lealtad que los unían” con Betcat y entiende que los “perjuicios” que sufrió el grupo “fueron consecuencia del devenir lógico de las inversiones efectuadas y de los riesgos empresariales que todos, incluido el querellante, quisieron asumir”. Los tres procesados, agrega, “fueron leales y transparentes”. “Todos conocían el rumbo en el que en todo momento se encontraban las mercantiles. El querellante [François G.] fue el primero que quiso abandonar y desentenderse de aquella aventura empresarial”, repite.