La Guardia Civil ha acusado al actual alcalde de Isla Mayor, Juan Molero García (PSOE) y a sus antecesores Angel García Espuny (IU-CA) y Francisco Murcia (ya fallecido), así como a dos ex concejales, por su “inactividad año tras año” para frenar las construcciones ilegales en un polígono industrial calificado como no urbanizable por su proximidad a Doñana.

La Guardia Civil, en un atestado al que tuvo acceso este periódico, se refiere al polígono ganadero Príncipe de Gales donde, tras varios meses de investigación, concluye que su situación urbanística y medioambiental es “a todas luces y sin género de dudas dudas irregular”.

El polígono ganadero/industrial “no pasa desapercibido en la localidad”, pues “está integrado prácticamente en el núcleo urbano”. La Guardia Civil solo se ha centrado en las construcciones de menos de cinco años pero “no podemos pasar por alto la omisión a lo largo de todos los años del consistorio de la labor de inspección en materia de disciplina urbanística”, según el atestado.

La Guardia Civil ya ha dado cuenta a la Fiscalía de las seis primeras parcelas en las que ha tomado declaración como investigados a sus propietarios y ahora analiza la presunta responsabilidad del Ayuntamiento por su “absoluta y total responsabilidad por pasar por alto, año tras año, la labor de inspección”, por su “inacción que facilita y promueve este caos urbanístico” y por autorizar los suministros de agua y luz.

El actual alcalde, Juan Molero García (PSOE), es también señalado por un presunto delito de prevaricación urbanística por omisión. Dice la Guardia Civil que, si bien en su mandato (desde 2015 hasta la fecha) no facilitó el acceso de ningún parcelista a los diferentes suministros, sí que “facilitó, promovió y cultivó con su inacción el desarrollo de este polígono”, ya que la mayoría de las construcciones investigadas se han realizado desde junio de 2016.

En este tiempo “no ha habido ningún expediente de disciplina urbanística ni restauración de la legalidad”, afirma el atestado.

Según el documento, los presuntos responsables son el alcalde ya fallecido Francisco Murcia (IU-CA); Ángel García Espuny (IU-CA), ex alcalde y ex concejal de Urbanismo entre 2003 y 2015; Antonio Cotano Estirado (IU-CA), primer teniente de alcalde entre 2008 y 2015 e Isabel Ferrús Selfa (IU-CA), concejal entre 2003 y 2015. 

Dice la Guardia Civil que el polígono está en una zona protegida por el ámbito de influencia del parque nacional de Doñana, el suelo está clasificado como no urbanizable de carácter rústico, las edificaciones no son autorizable y están realizadas sin la preceptiva licencia urbanística ni proyecto técnico.

Las contrataciones de los suministros de agua y electricidad son irregulares y fueron autorizadas por miembros del gobierno municipal anterior. Año tras año -según la arquitecta técnica actual- las licencias para suministros se daban sin los preceptivos informes y sin licencias de obra, apertura o primera ocupación.

La Administración municipal lo hacía “a más inri, conocedora de su condición de dominio público marítimo terrestre“.

El Ayuntamiento legalizó la contratación de agua en 2004 en 31 ocasiones, en el año 2005 en 19 casos, y en  2008 expidió cinco autorizaciones, todos ellos firmados por el entonces alcalde Francisco Murcia Ruiz. 

Conclusión de la Guardia Civil: “la absoluta y total responsabilidad del consistorio por pasar por alto, año tras año, labores de inspección en materia de disciplina urbanística en las personas de sus principales dirigentes como son los alcaldes y concejales de Urbanismo”.