Juzgan a la última acusada por una estafa a personas necesitadas

La Audiencia de Sevilla juzgó este lunes a la última acusada de una trama que se dedicaba a estafar a personas con problemas económicos que no conseguían financiación por los canales convencionales: les convencían de pedir un préstamo para un coche pero luego el estafado no recibía el dinero ni el vehículo y se veía obligado a pagar las cuotas e incluso las multas de tráfico.

La Sección Primera de la Audiencia juzgó a Idalia M.C.V., que se anunciaba en internet para conseguir préstamos y refinanciación de deudas. Esta mujer estuvo en paradero desconocido y no fue juzgada en febrero de 2020, cuando fueron enjuiciados y condenados los dos cabecillas de la trama, uno de ellos comercial en un concesionario en Valencina de la Concepción.

Idalia está acusada de intervenir en dos de las siete estafas por las que fueron condenados los acusados. En todos los casos, los afectados eran personas con dificultades económicas que no podían acceder a financiación por no cumplir las exigencias de las entidades de crédito. Entonces les convencían de pedir un préstamo para comprar un coche que luego revenderían, pero la realidad es que nunca recibieron el dinero ni el coche y, además, se vieron obligadas a pagar las cuotas a la entidad financiera.

Idalia negó al tribunal que en los dos casos en los que intervino la compra del coche estuviese encubriendo un préstamo de dinero. Por el contrario, aseguró que sus clientes “querían comprar un coche” pero ella no intervenía a continuación sino que enviaba la documentación a los otros acusados.

Pese a ello, la acusación particular que ejerce la entidad financiera afectada mantuvo su petición de 4 meses de cárcel para ella.

Los dos condenados como cabecillas, Francisco I.M. y Antonio M.L., este último empleado del concesionario de Valencina de la Concepción, ofrecieron a los afectados la posibilidad de suscribir un contrato de financiación que, en vez de ser un préstamo personal, sería para la adquisición de un vehículo dado que los intereses para estos casos son más reducidos.

Fuentes del caso informan a este periódico de que ambos han recurrido su condena de un año y nueve meses de cárcel, en la que la Audiencia les aplicó la atenuante de dilaciones indebidas dado que los hechos datan de 2013.