Condenan a casi cinco años de cárcel a un ladrón que explotaba cajeros con pólvora y nitroglicerina en la Sierra Sur de Sevilla
Robos en bancos
El caco, que no llegó a consumar ningún robo porque las deflagraciones no abrían las cajas donde están los billetes, se fabricaba sus propios "artefactos explosivos y pirotécnicos" en Paradas
Joaquín P.B., que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y con los bancos, tenía un bote de espray acelerante de combustión y una bola de gimnasia rellena de hidrógeno y butano
Cae el ladrón que reventaba cajeros automáticos con explosivos caseros
Un ladrón que en 2019 fue noticia por cómo intentó robar en varios bancos de Sevilla y Huelva, básicamente porque no se andaba con tonterías y reventaba cajeros con explosivos que fabricaba él mismo, fue juzgado ayer en la Audiencia de Sevilla y aceptó una pena de casi cinco años de cárcel por cuatro delitos. Uno de ellos es precisamente la tenencia de explosivos y otro, el de robo intentado. Su modus operandi era aparatoso y peligroso, pero también infructuoso: no pudo llevarse ni un euro en los atracos que perpetró porque los artefactos que montaba le daban para destrozar el cajero pero no para abrir la caja fuerte de los billetes.
Joaquín P.B., sin antecedentes penales hasta ahora, fue enjuiciado en la Sección Séptima. La petición inicial de la Fiscalía era de ocho años y once meses en total: un año y once meses por robo intentado en concurso con un delito de daños, cinco años por la tenencia de explosivos y dos años por la falsedad documental (le ponía una matrícula falsa al vehículo con el que iba a los bancos).
Tras la correspondiente negociación, las acusaciones aceptaron tres atenuantes: dilaciones indebidas (por la excesiva duración del proceso judicial), drogadicción (el acusado es cocainómano y eso alteraba sus facultades) y reparación del daño (antes del juicio consignó 3.000 euros para resarcir a los bancos). Por eso la pena definitiva es de cuatro años y diez meses: un año y tres meses por el robo y los daños; tres años y tres meses por la tenencia de explosivos; y cuatro meses por la falsificación. También deberá indemnizar a Bankia con 19.331 euros y al BBVA con 1.176. Al estar conformes todas las partes, el tribunal anticipó el fallo de la sentencia en la sala y decretó su firmeza.
Los hechos, que el protagonista reconoció delante de los jueces, sucedieron en 2019. Al menos del 15 de enero al 12 de mayo, Joaquín P.B. ejecutó “un plan preconcebido” y fabricó “explosivos caseros” que en la jerga son conocidos como “pala de pizzero” o “bate de cricket”. Lo que hacía era mezclar “pólvora sin humo de doble base, con dinitrotolueno y nitroglicerina, con otros materiales”. Después introducía los artefactos en el dispensador de billetes de los cajeros y los accionaba mediante un cable conectado a una batería.
La deflagración no sólo abría la puerta de los cajeros. “En ocasiones, en atención a la magnitud de la explosión, salían proyectiles despedidos hacia el exterior de las sucursales”, apuntaba la fiscal en su escrito definitivo. Y por supuesto “la onda expansiva provocaba desperfectos en el interior de las sucursales”, como “caída de plafones o rotura de cristales y otros elementos”. Las explosiones también suponían un “peligro” para otras personas, para las viviendas que había “en las proximidades” de los bancos e incluso para el propio caco, sobre todo “durante el traslado o la fabricación de los artefactos explosivos y pirotécnicos”. Huelga decir que el hombre ni cumplía las medidas de seguridad que exige “tal material, extremadamente inflamable”, ni estaba autorizado para hacer lo que hacía.
Ese relato figurará tal cual en la sentencia, cuando sea redactada, porque el implicado admitió ayer que se corresponde con la verdad. El tribunal recogerá cuatro tentativas de atraco: la primera ocurrió en la madrugada del 15 de enero de 2019 en una sucursal del BBVA en Estepa; la segunda, el 24 de enero en otra oficina del mismo banco pero en Utrera con líquido inflamable para destrozar el cajero; en la tercera, Joaquín P.B. “violentó” un cajero de Bankia en una calle de Écija sobre las 12.45 horas del 17 de marzo y causó desperfectos tasados en 19.331,63 euros; y en la cuarta se cargó un cajero de Caja Rural del Sur en Lantejuela, en concreto en la Plaza de España, sobre las 00.20 horas del 9 de abril, aunque en este caso la entidad no reclamó nada (los daños ascendieron a 28.309,30 euros) porque ya se lo había pagado el seguro.
Como curiosidad, la acusación inicial del Ministerio Público sólo citaba los atracos de marzo y abril. Los otros dos fueron añadidos en el mismo acto del juicio, lógicamente con el beneplácito de la defensa del encausado. Cuando la Guardia Civil informó de su arresto (operación Polbe la llamaron), llegó a hablar de siete robos con fuerza en las provincias de Sevilla y Huelva.
Una bola de hidrógeno y butano
Joaquín P.B. fue detenido el 12 de mayo de 2019 en Paradas, donde todavía reside. En el coche llevaba “la parte fija de un gato de carpintero de 68 centímetros de longitud, una alargadera de cable multifilar, un iniciador mediante puente de incandescencia, una batería extraíble de herramienta eléctrica, un bote de espray acelerante de combustión y una bola de gimnasia de 201 centímetros de perímetro rellena de dos gases inflamables (butano e hidrógeno) y con la válvula manipulada, al habérsele implantado una llave de paso de la que salía una lanza compuesta por un macarrón engomado de 109 centímetros engarzado a un tubo de aluminio de 71 centímetros”. Este dispositivo, según los Tedax, era “un artefacto explosivo efectivo” y listo para ser usado.
El 13 de mayo, los agentes registraron una cochera que el acusado empleaba “para el almacenaje y la fabricación” de sus artilugios. Allí hallaron “una palanca tipo cabra, una palanca artesanal con forma de T, una maza con el mástil de PVC y un artefacto explosivo de 138 gramos de pólvora [...] con dinitrotolueno y nitroglicerina unido a un carrete de 450 centímetros de cable bicolor multifilar con terminación en dos fichas conectoras”.
El ladrón obró como obró “a sabiendas de su peligrosidad”, apostillaba la fiscal. También lo hacía “sin la debida autorización para la manipulación y fabricación” de esos artefactos.
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