La compra de una motosierra en internet levantó las sospechas sobre el autor confeso del asesinato. La Guardia Civil sigue buscando el arma homicida. La juez ha decretado el secreto de sumario.

Esta tarde habrá una concentración silenciosa en la Plaza del Carmen de la localidad. Asesinato en Estepa: la Guardia Civil reconstruye el crimen con el asesino confeso.

Los recursos que presentaron la Fiscalía, IU y el PP irán ahora la audiencia provincial. En un nuevo auto insiste en que el informe pericial caligráfico cuestiona las firmas del ex presidente en los documentos claves.

El pleno del Consejo Regulador concluyó en su reunión de ayer su proceso electoral con la elección de José María Fernández Fernández, hasta ahora secretario general, como presidente de este organismo.

La Fiscalía e IU coinciden en que, como presidente con dedicación exclusiva y alcalde, no puede alegar que ignoraba los procedimientos. En las apelaciones se insiste en que su firma fue "decisiva" para los delitos con un perjuicio para el ente público de 1,8 millones de euros.

Uno de sus hijos es condenado y otro absuelto porque no vivía en la parcela. . Ante la presencia policial disolvieron cocaína y heroína en un cubo de agua.

El juez considera que, como mucho, pudo "favorecer de forma involuntaria" o "incluso ingenua" la acción presuntamente delictiva de los principales implicados. En la decisión, a la que se oponía la Fiscalía y que puede recurrirse, ha sido clave el informe pericial que concluye que su firma se pudo falsificar.

El cotejo, encargado por el Juzgado, concluye que la rúbrica en un certificado a favor de la empresa Magno no coincide con la del entonces presidente Basilio Carrión. Su abogado esgrime el documento para volver a pedir que se le deje fuera del caso.

El secretario-interventor y principal investigado por la trama de contratos fraudulentos ni siquiera respondía a encuestas y petición de datos. Una auditora señala también a la Mancomunidad de la Sierra Sur, a la que el ente está adscrito, que tampoco cumple.

IU había presentado un recurso, aludiendo a la posible destrucción de pruebas de la que alertó también la Udef. Mañas, que superó la edad de jubilación pero cuenta con permiso para trabajar hasta los 70, sigue siendo el encargado de informar y revisar los contratos.