La instrucción de las macrocausas

Varias defensas reclaman que Bolaños siga al frente de las macrocausas

  • Consideran que se ha podido vulnerar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley

  • Zarrías pide información sobre la renuncia de Bolaños para valorar si le causa indefensión

  • La defensa del ex consejero de la Presidencia reclama al juzgado los documentos que justifiquen la "supuesta asignación" al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana de la investigación del préstamo de Hijos de Andrés Molina (Hamsa) durante la baja por salud de la magistrada y tras su reincorporación

Un agente de la Guardia Civil saluda formalmente al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a su llegada a los juzgados de Sevilla. Un agente de la Guardia Civil saluda formalmente al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a su llegada a los juzgados de Sevilla.

Un agente de la Guardia Civil saluda formalmente al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a su llegada a los juzgados de Sevilla. / juan carlos Vázquez

Nuevo lío en torno a la instrucción de las macrocausas tras la renuncia de María Núñez Bolaños a seguir investigando estos macroprocesos. Varias defensas han impugnado el acuerdo alcanzado entre los jueces María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana por el que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla renuncia a la instrucción de las macrocausas, al estimar que este pacto entre ambos magistrados vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.

La defensa del ex consejero de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha sido la primera en cuestionar el acuerdo por el que la juez María Núñez Bolaños renuncia a la instrucción de las macrocausas a favor del juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana. El abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que representa a Zarrías en la causa abierta por el préstamo de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica ubicada en Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ha pedido información al juzgado sobre el acuerdo alcanzado entre ambos magistrados para valorar si el mismo puede causarle indefensión, por la posible vulneración del "derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".

El letrado ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que señala que ante la publicación del "supuesto pacto o arreglo" firmado por Bolaños y Vilaplana, adelantado por este periódico el pasado domingo, solicita información sobre "la identidad del magistrado encargado de la instrucción de la presente causa y del respaldo normativo que ampararía dicho encargo".

Martínez Fresneda, que apela a los artículos 234.1 y 454.4 de la ley orgánica del Poder Judicial y en ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española), solicita al juzgado que le informe sobre la "justificación del nombramiento de José Ignacio Vilaplana como juez de refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla", así como de la "justificación de la asignación" a este juez de la instrucción de las diligencias en las que se investiga el préstamo a Hamsa "durante la baja médica de la magistrada titular".

De la misma forma, reclama la "justificación de la (supuesta) asignación a José Ignacio Vilaplana de la instrucción de la presente causa una vez que la magistrada titular se ha reincorporado al juzgado". En todos los casos, pide que se le dé traslado de la "documentación o expediente acreditativo" de esos acuerdos.

En su escrito, la defensa de Zarrías aclara que toda esta formación se solicita "con el fin de valorar si, con tales mecanismos, se habría respetado el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley", una cuestión sobre la que Gonzalo Martínez Fresneda señala que, como recuerda la jurisprudencia, "conocer el nombre del juez importa para el control del derecho al juez predeterminado por la ley, su imparcialidad y su competencia".

Por su parte, el abogado Juan Carlos Alférez, que representa a varios investigados en distintas macrocausas como la de los ERE o los Cursos de Formación, ha presentado ya al menos diez escritos similares en sendas causas en las que reclama la nulidad por la posible vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

En los escritos, el letrado considera que tras la vuelta de María Núñez Bolaños al juzgado a principios de este mes -tras haber pasado once meses de baja por motivos de salud-, ésta "debió y debe hacerse cargo" de la instrucción "al ser, a partir de dicho momento, de nuevo, la juez ordinaria predeterminada por la ley para instruir". 

Sin embargo, prosigue el abogado, "la juez titular y el juez de refuerzo han adoptado un acuerdo privado ad hoc para repartirse entre ellos determinadas causas, acuerdo que al parecer, ha obtenido el respaldo y autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (y decimos al parecer dado que, ni se ha incorporado a la presente causa ni está accesible en la web del Consejo General del Poder Judicial, permaneciendo opaco para los justiciables). Dicho respaldo, de manera evidente, nunca podrá llegar a subsanar la violación del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley que ahora denunciamos y de manera subsecuente, será recurrido en alzada gubernativa por esta parte por distintas razones y fundamentos jurídicos".

Un acuerdo de "atribución" no de "distribución" de asuntos

La defensa añade que no se trata de acuerdo de “distribución de asuntos”, ambos magistrados no resuelven distribuirse la instrucción de los asuntos del Juzgado "de una forma imparcial, donde las Diligencias se repartirían de una manera neutral, objetiva, aleatoria o no condicionada (por ejemplo, atribuyendo a uno las Diligencias terminadas en número par y al otro las terminadas en 5 número impar)", sino que se trata más bien de una "atribución por las razones que fueren y que aún no conocemos", por el que la titular del Juzgado "ha desistido de instruir unos asuntos en particular que se identifican de una manera concreta, específica y nominativa, asuntos que relega en su Juez de apoyo. Esto no puede resultar admisible sin vulnerar el derecho fundamental invocado", añade.

La defensa de los ex consejeros Fernández y Martín Soler

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa a los ex consejeros de la Junta Antonio Fernández y Martín Soler, ambos imputados en distintas macrocausas que se instruyen en el juzgado número 6 de Sevilla, también impugnará el pacto alcanzado por los magistrados para la atribución de los asuntos.

Martínez del Hoyo ha confirmado a este periódico que mañana mismo presentará varios escritos en las diligencias en las que están investigados ambos ex consejeros en los que planteará una "advertencia sobre la posible incursión en riesgo de nulidad, con la consiguiente inseguridad jurídica y reserva de derechos", tras la renuncia de Bolaños a continuar instruyendo estos macroprocesos.

Agilizar la instrucción de las macrocausas

Bolaños y Vilaplana justificaron el acuerdo para la nueva distribución del trabajo en la finalidad de continuar con la "buena marcha del juzgado y de las macrocausas", para  "agilizar la instrucción de todos los procedimientos", dado que ambos jueces consideran que se trata de la "mejor solución" para el juzgado y la instrucción de los grandes procesos que siguen abiertos.

Además, consideran que se respetan todas las garantías de los investigados y no se vulnera el derecho al juez natural predeterminado por la ley, dado que aunque María Núñez Bolaños es la titular del órgano judicial, el juez Vilaplana también está destinado en este juzgado desde hace cuatro años, como refuerzo del mismo.

Se trata de una situación que no es nueva en este juzgado, porque ya ocurrió con anterioridad en el año 2016, cuando había otro juez de refuerzo, en este caso Álvaro Martín, quien se encargó de instruir varias piezas de los ERE, entre ellas la del denominado "procedimiento específico" de los ERE, por el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos, en una sentencia que está actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo.

En el juicio de la "pieza política" de los ERE, la defensa de Griñán planteó como cuestión previa que se había vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, en relación a la actuación del juez Álvaro Martín, y pidió que se devolviera la causa a la fase de instrucción, pero la Audiencia de Sevilla rechazó la cuestión y ordenó que continuara la vista oral.

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