Se acabó la etapa de la juez María Núñez Bolaños en la instrucción de las macrocausas. La magistrada que hace cinco años relevó a Mercedes Alaya en los grandes procesos que han puesto en jaque a los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía no seguirá instruyendo ninguno de ellos. Después de que esta semana la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya ratificado el archivo de las diligencias informativas abiertas tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la juez, Bolaños y Vilaplana han alcanzado un acuerdo para la distribución del trabajo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El acuerdo, que será sometido mañana a su aprobación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), consiste en que el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana continuará encargándose, como ha hecho prácticamente en el último año –Bolaños ha estado once meses de baja por motivos de salud–, con la instrucción de todas las macrocausas que se siguen investigando en este juzgado.

El juez José Ignacio Vilaplana seguirá instruyendo las macrocausas.

Así, el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que lleva en este juzgado desde el año 2016 reforzando la labor de la titular, instruirá el centenar de piezas de los ERE que faltan por concluir, así como la investigación de los cursos de formación, de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los avales de IDEA y la investigación de las transferencias de esta agencia.

Además de las macrocausas, Vilaplana continuará instruyendo otras investigaciones que había asumido desde hace tiempo, como los vertidos de Emasesa, la investigación de las presuntas irregularidades en La Pará de Gines, entre otras.

Bolaños se encargará, por su parte, de la resolución de los asuntos ordinarios del juzgados, la celebración de los juicios inmediatos por delitos leves, y ambos jueces compartirán la realización de las guardias, según los detalles del pacto que ha conocido este periódico.

En el acuerdo elevado al TSJA, los magistrados destacan la experiencia acumulada del juez Vilaplana y consideran "más oportuno y conveniente" que éste continúe con la instrucción de los macroprocesos para "agilizar" la instrucción de los mismos, como las piezas por las ayudas individuales de los ERE, todo ello teniendo en cuenta los "señalamientos y las diligencias que ya están acordadas" y que la titular se ha reincorporado recientemente de la baja laboral.

En esta reorganización, han valorado asimismo la "especial complejidad" de las macrocausas y con el acuerdo "se garantiza que no se van a producir dilaciones" en la tramitación de estos procedimientos que en algunos casos, como ocurre con los ERE, están abiertos desde hace varios años –los ERE, en concreto, desde el año 2011–.

Bolaños y Vilaplana coinciden en que el acuerdo es la mejor solución para el juzgado

El objetivo del acuerdo alcanzado entre Bolaños y el juez Vilaplana no es otro que el de continuar con la "buena marcha del juzgado y de las macrocausas", por lo que con esta nueva distribución se pretende "agilizar la instrucción de todos los procedimientos", dado que ambos jueces consideran que se trata de la "mejor solución" para el juzgado y la instrucción de los grandes procesos que siguen abiertos.

Además, consideran que se respetan todas las garantías de los investigados y no se vulnera el derecho al juez natural predeterminado por la ley, dado que aunque María Núñez Bolaños es la titular del órgano judicial, el juez Vilaplana también está destinado en este juzgado desde hace cuatro años, como refuerzo del mismo.

El objetivo que se pretende es “agilizar” la instrucción de los macroprocesos

Se trata de una situación que no es nueva en este juzgado, porque ya ocurrió con anterioridad en el año 2016, cuando había otro juez de refuerzo, en este caso Álvaro Martín, quien se encargó de instruir varias piezas de los ERE, entre ellas la del denominado "procedimiento específico" de los ERE, por el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos, en una sentencia que está actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo.

En el juicio de la "pieza política" de los ERE, la defensa de Griñán planteó como cuestión previa que se había vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, en relación a la actuación del juez Álvaro Martín, y pidió que se devolviera la causa a la fase de instrucción, pero la Audiencia de Sevilla rechazó la cuestión y ordenó que continuara la vista oral.