El juez de Instrucción 6  de Sevilla ha rechazado las peticiones de archivo y ha imputado a ocho altos cargos y ex responsables de la empresa municipal de aguas de Sevilla Emasesa y de la Junta por presunto delito ecológico en vertidos contaminantes de nitrógeno y fósforo que estarían perjudicando al parque de Doñana.

En un auto al que tuvo acceso este periódico, el juez desestima la solicitud de archivo presentada por Emasesa e instruye de su condición de imputados a José Losada, actual diputado en el Congreso y ex delegado de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla;  a su antecesora Dolores Bravo; a Salvador Camacho, ex secretario de Medio Ambiente; a Charo Montes, jefa del Departamento de Informes y Sanciones de Medio Ambiente; a Iván Núñez, jefe de negociado de Seguimientos; al ex directivo de la empresa Antonio Díaz; al ex consejero delegado Jesús Maza y al actual responsable de la empresa municipal Jaime Palop.

El juez José Ignacio Vilaplana libra oficio a al jefe de Control de Calidad de la empresa de aguas de Córdoba a fin de que preste auxilio judicial técnico y que, junto con el Seprona de la Guardia Civil, realice una inspección de las instalaciones de las tres estaciones de depuración investigadas -Copero, Tablada y San Jerónimo- acompañados por una experta del Instituto Nacional de Toxicología que ha emitido los informes existentes hasta el momento.

A la vista del resultado de la inspección y de los informes del INT, pide a la experta que elabore un peritaje  sobre si los resultados históricos de los parámetros de vertidos por estas depuradoras “revelan falta de tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo total) y si a la vista de los resultados analíticos “se puede concluir o no que el tratamiento secundario de depuración que se realiza es eficaz”.

Le pide además una “descripción de las consecuencias medioambientales y de eficacia de depuración que puede tener el tratamiento de reducción de fósforo total en los términos en los que se estaría llevando a cabo actualmente” en esas depuradoras y “si es factible, en cuanto al nitrógeno, rebajar sus índices de vertidos de alguna forma alternativa a la construcción o ampliación de una nueva planta depuradora”, según los hechos que la Fiscalía de Medio Ambiente denunció en su día. 

También encarga al Seprona que obtenga y analice muestras de vertido en cada una de las tres estaciones depuradoras, que haga un informe final sobre el resultado del conjunto de la investigación y análisis realizados, teniendo también en cuenta el estudio del comportamiento de los nutrientes nitrógeno y fósforo en el estuario del Guadalquivir, ya aportado por otro perito.

Respecto a los altos cargos ahora incluidos en la causa, que se acogieron a su derecho a no declarar en dependencias policiales y manifestaron su deseo de hacerlo en sede judicial, afirma el juez que les tomará declaración cuando reciba el peritaje encargado "para que puedan articular adecuadamente su defensa".

Para "la mejor salvaguarda de sus derechos" los declara como denunciados/investigados y ordena notificarles este auto e instruirles de sus derechos, sin perjuicio de que ellos mismos pueden solicitar su declaración "cuando estimen pertinente".

Sobre la petición de archivo solicitada por la propia Emasesa y por los jefes de supervisión de las tres depuradoras (ya imputados), el auto dice que no puede tener acogida en el presente estadio procesal pues la causa se encuentra en estado de instrucción y pendiente de realizar las nuevas diligencias acordadas “tendentes al pleno esclarecimiento de los hechos, de modo que el juzgado carece de la totalidad de los elementos precisos para decidir sobre el sobreseimiento o continuación de la causa“.