Tres peritajes entregados al juez que investiga un presunto delito contra el medio ambiente por parte de tres depuradoras de Emasesa en Sevilla concluyen que no están causando ningún “daño sustancial” al Guadalquivir ni al parque de Doñana, que el 95% del nitrógeno y fósforo investigado procede de la agricultura y que las obras necesarias son responsabilidad de la Junta y del Gobierno de la nación.

El actual consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, su antecesor y otros directivos de la empresa municipal han declarado como investigados ante la Guardia Civil por orden del juez de instrucción 6 de Sevilla, que investiga la  presunta deficiente depuración en las instalaciones de Tablada, El Copero y San Jerónimo.

Un peritaje del laboratorio Typsa entregado al juez indica que “el aporte de fósforo y nitrógeno realizado por el vertido de las depuradoras denunciadas no supone variaciones significativas en la calidad del cauce del río Guadalquivir” ni un  “daño potencial al equilibrio del ecosistema”.

En cuanto al fósforo, Emasesa ya está eliminándolo en sus depuradoras mediante la dosificación de cloruro férrico y no puede hacer ninguna otra operación que no sea la ampliación y modificación de sus instalaciones, afirma el peritaje.

Y ahí radica el problema: los expertos recuerdan que para eliminar el nitrógeno y fósforo supuestamente perjudicial es necesario ejecutar unas obras que son competencia del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, responsabilidad que reconocen ambas administraciones.

La Junta cobra desde 2010 el Canon del Agua, destinado con carácter finalista a mejorar las depuradoras, pero hasta enero de 2019 no licitó las obras en El Copero y Tablada.

El 95% del nitrógeno y fósforo proceden de la agricultura

Otro informe de un ingeniero de Caminos indica que los vertidos de las depuradoras investigadas no están causando “un empeoramiento significativo en la calidad del agua del estuario” ni son “susceptibles de poder provocar ni tan siquiera de manera indiciaria un hipotético daño sustancial sobre el medio receptor o su ambiente”.

Este experto afirma que los aportes de nitrógeno al estuario del Guadalquivir proceden en un 94,64% de la agricultura y en un 0,65% de las depuradoras urbanas, mientras que el fósforo tiene su origen en un 95,06% de la agricultura y en un 0,53 de las depuradoras.

Por ello, “no se puede concluir que la calidad del agua del estuario tenga una relación directa con los efluentes de las depuradoras denunciadas”, dice una tercera experta que se ha centrado en los riesgos de eutrofización (proliferación de algas) aguas abajo.

Los procesos de eutrofización “no son preocupantes”, dice su informe, que también destaca que la actual calidad del estuario del Guadalquivir “es mucho mejor que la que se registraba en los años 80”, cuando la zona se encontraba “claramente contaminada orgánicamente”.

“Las características actuales del estuario del Guadalquivir, con limitación de luz por la alta turbiedad e influencia de las mareas, hacen que sea difícil una eutrofización”, afirma.

Los tres dictámenes destacan, por otra parte, que ninguna de las administraciones encargadas del control de vertidos y calidad de las aguas (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el caso de San Jerónimo y la Junta de Andalucía sobre Copero y Tablada) han alertado nunca a Emasesa de que se pudiera estar poniendo en riesgo la calidad del estuario del Guadalquivir.