La Audiencia de Sevilla ha anulado la fianza de 6.000 euros que el juez de instrucción 6 impuso a Ecologistas en Acción para personarse en una causa por vertidos al Guadalquivir, en la que la Guardia Civil ha tomado declaración como investigados a directivos de la empresa municipal Emasesa.

La Sección Cuarta de la Audiencia se basa en que Ecologistas en Acción goza de una “dedicación y seriedad acreditadas” y “reúne todos los requisitos de legitimación para ejercer la acción popular en asuntos medioambientales”, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.

El magistrado ponente, José Manuel de Paúl, aprovecha la resolución para hacer un análisis de la fianza y su papel para evitar el “uso torticero, abusivo o temerario” de la acción popular en los procesos.

Afirma que hay dos modelos: por un lado, el que integraría Ecologistas en Acción o un “sindicato de acreditada representatividad” y su legitimidad para personarse en una causa en defensa de los trabajadores.

De otra parte, estarían aquellas “desconocidas asociaciones de autodenominados juristas en defensa del Estado de Derecho, de escasa trayectoria, a las que no se conoce otra actividad que precisamente la de personarse en este tipo de procesos”.

Y constata el “temor no pocas veces fundado” que sienten los órganos judiciales ante el “uso torticero, abusivo o simplemente temerario de la acción popular”.

De los ecologistas, dice el magistrado que sus principios ideológicos o actuaciones concretas “podrán compartirse más o menos, pero no cabe dudar de su dedicación y seriedad acreditada en decenas de campañas”, atributo “especialmente predicable en la rama andaluza” a lo largo de sus más de veinte años de vida.

Ecologistas en Acción pidió personarse sin fianza en una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por presunto delito ecológico de las estaciones depuradoras de El Copero, Tablada y San Jerónimo al verter al Guadalquivir aguas contaminadas con nitrógeno y fósforo. En este caso, además, la asociación ecologista fue quién presentó la primera denuncia ante la Fiscalía.

El actual consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, y su antecesor, Jesús Maza, acudieron como investigados a las dependencias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Una causa “con numerosos investigados y costosas pruebas periciales”

Ahora, la Audiencia explica que otra razón de la fianza es hacer frente a una futura condena a pagar las costas, pero en este caso los 6.000 euros fijados por el instructor apenas cubrirían “la defensa de una de las partes”.

En efecto, la causa de Emasesa “excede de dos mil folios, hay numerosas personas físicas y jurídicas investigadas, se  han practicado costosas pruebas periciales, seguramente se practicarán otras y, si se llega a juicio, los costes se incrementarán aún más”.

Por tanto, “de atenderse a los costes previsibles del proceso, la cuantía de la fianza, por muy adecuada que pudiera ser, habría de dispararse hasta importes inasequibles tanto para ciudadanos individuales como para la mayoría de las personas jurídicas”, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Los ecologistas llegaron a sufrir “oscuras maniobras criminales”

Los magistrados dicen que no hay indicios de que Ecologistas en Acción pretenda hacer “un uso irresponsable o desviado de la acción popular”.

Su dedicación a los problemas ambientales se ha hecho “incluso a veces a costa de la tranquilidad y seguridad de algunos de sus dirigentes, víctimas de oscuras maniobras criminales”, dice el auto.

Se refiere, sin citarlo,  al hallazgo de 40 gramos de cocaína en la furgoneta de un dirigente andaluz de Ecologistas en Acción. El juzgado de Ubrique terminó exculpando al afectado en 2017 e investigando como autores de la colocación de la droga a personas próximas a una empresa acusada de ocupar caminos públicos en la Sierra de Grazalema.