La Fiscalía logra apartar a la juez independiente

Objetivo cumplido. La Fiscalía Anticorrupción ha logrado apartar a la juez María Núñez Bolaños de la instrucción de las macrocausas, allanando de esta forma el camino para imponer su criterio. Es el triunfo, igualmente, de determinados sectores que, desde hace cinco años, vieron como una amenaza la llegada de la nueva titular tras la marcha –fue así, nadie le arrebató su plaza– de la juez Mercedes Alaya, la alabada y todopoderosa magistrada, considerada por muchos como la más grande.

Bolaños se ha rendido. No hay persona que resista todo lo que Bolaños ha aguantado estos años. No ha podido soportar al final la presión, el brutal castigo y la persecución a la que ha sido sometida tras haber sido acusada desde el minuto uno, cuando nada más llegar al juzgado se dijo que lo hacía de la mano del entonces consejero de Justicia y fiscal, Emilio de Llera. Alaya les atribuyó a Bolaños y a Llera una supuesta "estrecha relación" que, en realidad, no existía, dado que el consejero con quien tiene una amistad es con el marido de la juez.

La persecución de la magistrada fue a más, hasta el punto que fue denunciada por la asociación profesional de jueces Francisco de Vitoria, a la que pertenece Bolaños y que aseguró en su día que "la libertad de prensa y de información no pueden amparar campañas de acoso y derribo contra un miembro del Poder Judicial por el ejercicio independiente de su función".

Bolaños ha dicho basta. Y lo ha hecho después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya archivado la denuncia que presentó contra ella el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y en la que éste le atribuía faltas disciplinarias graves o muy graves que, en el caso de haber prosperado, podrían haber terminado con la carrera de la magistrada.

Pero a pesar del archivo, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado quitarse de encima a la magistrada, hastiada de tanta persecución. La propia Bolaños afirmó en su contestación a la denuncia que el Ministerio Público quería "apartarla" de la instrucción de las macrocausas en las que la instructora no compartía los criterios de la acusación pública. En su réplica, la juez recordaba al Ministerio Fiscal que como instructora es su "deber" resolver los asuntos "en conciencia, con la vinculación a la ley y el respeto a los derechos fundamentales que concurren en todo proceso penal".

La persecución se ha llevado hasta el final, haciendo incluso leña del árbol caído. El espectáculo que se vivió el pasado jueves en la Comisión Permanente del CGPJ, donde dos vocales designados a propuesta del PP votaron en contra del archivo de las "diligencias informativas" contra Bolaños, es buena muestra de ello. Y en el voto particular se acusa nuevamente a la juez de las "demoras" en los procedimientos, a pesar de que el servicio de inspección del máximo órgano de gobierno de los jueces, que no se casa con nadie y cuyos inspectores estuvieron varias semanas examinando las macrocausas en el juzgado, emitiera un extenso informe de 402 folios en el que avalaba rotundamente la instrucción de la juez.

Los inspectores concluyeron que las paralizaciones o retrasos en algunas de las piezas "no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso" de Bolaños, y culparon de las demoras al “elevado número de recursos” de las partes, entre ellos los presentados por la Fiscalía Anticorrupción contra la exclusión de los ex altos cargos en las demás piezas.

Bolaños se va, pero puede hacerlo con la cabeza bien alta, con la firmeza de una juez que siempre ha actuado bajo los criterios que le marcan su conciencia y el Derecho, y lo hace dejando su propio legado. Por mucho que no se quiera reconocer, contribuyó a agilizar la instrucción de los macroprocesos, con la división en piezas de la causa de los ERE y de los cursos de formación, algo a lo que se había opuesto su predecesora a pesar de que se lo había pedido en reiteradas ocasiones la Fiscalía. Sin la división, la histórica sentencia de los ERE aún ni se habría dictado.

Otra cosa es que no gustaran sus decisiones o algunos de los archivos acordados, pero contra eso siempre ha existido la posibilidad de recurrir sus resoluciones para que sea la Audiencia la que zanje esas "profundas discrepancias" que el CGPJ había advertido entre la juez y la Fiscalía.