Los juzgados de Primera Instancia de Sevilla recibieron en 2019 un total de 5.308 demandas por la aplicación de cláusulas abusivas, en su gran mayoría relacionadas con el cobro de las denominadas cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios. Esta cifra supone una importante caída de casi a la mitad (48,59%) con respecto a las 10.325 que se contabilizaron en 2018.

La avalancha de este tipo de reclamaciones colapsó muchos juzgados y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vio obligado a poner en marcha un plan de actuación urgente en junio de 2017, que en principio no consiguió aliviar la sobrecarga de asuntos derivada del aumento de la litigiosidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a los usuarios en las reclamaciones frente a los bancos. En Sevilla el juzgado de Primera Instancia número 29, creado en junio de 2018, y un juzgado de refuerzo se encargan de forma exclusiva y excluyente de las demandas de cláusulas suelo.

El sindicato CSIF de Justicia denunció hace unos meses que había 10.000 demandas de cláusulas pendientes de incoar y admitir sobre las 15.000 que se habían presentado hasta la fecha, lo que provocaba que la celebración de los juicios por este tipo de reclamaciones se estaba demorando a varios años vista. La gravedad de la situación ha llevado al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas a prorrogar hasta en dos ocasiones ese plan de especialización de los juzgados en cláusulas abusivas, tras dos años y medio desde la puesta en marcha de esta medida.

El plan de especialización de juzgados en cláusulas abusivas se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con la finalidad de hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas en relación, entre otros asuntos, con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

Desde la entrada en funcionamiento de este plan, 54 juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e instrucción se dedican de forma exclusiva a conocer de las demandas sobre cláusulas abusivas. Otros 106 jueces prestan servicio en los juzgados especializados de acuerdo con las medidas de apoyo y refuerzo aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial. El despliegue de estas medidas ha sido necesario en todas las Comunidades Autónomas menos La Rioja.

En cuanto a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento, cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de magistrados comisionados en funciones de refuerzo.

La tasa de resolución de asuntos en Andalucía se situó hasta junio en el 112%

A los planes de refuerzo judicial se añaden las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia y por las Comunidades Autónomas, que han dotado a los juzgados especializados de los medios personales (letrados de la administración de justicia y funcionarios) y materiales necesarios.

De acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2019, el volumen de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados era un 2,25% más bajo que al finalizar el primer trimestre. Se trata de la primera mejora de las cifras de pendencia desde la puesta en marcha del plan de especialización.

También mejoró prácticamente en todos los territorios la tasa de resolución de asuntos –cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un determinado periodo–, un dato que permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de entrada de nuevas demandas.

En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a nivel nacional fue del 118,4%, lo que supuso una sensible mejora respecto al primer trimestre, en el que fue del 82%. Si se tienen en cuenta los datos correspondientes al tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3%, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.

Por territorios, la mejora ha sido generalizada. En doce comunidades autónomas la tasa de resolución es superior al cien por cien, siendo especialmente positivos los datos de Aragón (234,6%) y Asturias (237,3%). En Andalucía la tasa de resolución fue del 112,4%, por debajo de la media nacional aunque supone una mejora con respecto al primer trimestres.